Entidad emisora y contexto normativo
La resolución fue emitida por la Dirección Territorial de Córdoba del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el 22 de diciembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.354 el 31 de diciembre de 2025. Se fundamenta principalmente en el artículo 30 del Decreto 846 de 2021 y en las Resoluciones 1040 de 2023 y 746 de 2024 del IGAC, que regulan el proceso de gestión catastral multipropósito. Además, toma como base el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, modificado por la Ley 2294 de 2023, que establece la gestión catastral como un servicio público esencial para garantizar la seguridad jurídica y apoyar el ordenamiento territorial.
Objeto y destinatarios de la resolución
El tema principal de esta resolución es la aprobación de los valores comerciales y de construcción que se utilizarán para determinar los avalúos catastrales en Montelíbano, tanto en zonas urbanas como rurales. Está dirigida a los gestores catastrales, autoridades municipales y ciudadanos del municipio, dado que estos valores afectan directamente la base para la liquidación de impuestos prediales y otros trámites relacionados con la propiedad inmueble.
Finalidad y decisiones principales
El propósito de la resolución es consolidar los resultados del estudio técnico económico realizado en el proceso de actualización catastral multipropósito. En concreto, se aprueban:
- Los valores comerciales de terreno, calculados mediante la metodología de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas.
- Las tablas de valor comercial de construcción, diferenciadas según el uso del predio y su ubicación en zonas urbanas o rurales.
- El avalúo catastral, que se establece en un 60% del valor comercial aprobado, conforme al límite mínimo establecido en la normativa vigente.
Estas medidas buscan corregir distorsiones en los valores anteriores, reflejando las condiciones actuales del mercado inmobiliario y asegurando una valoración justa y técnica.
Base legal y procedimientos técnicos
La resolución se apoya en el marco jurídico que regula la gestión catastral multipropósito, incluyendo:
- La Ley 14 de 1983 y la Ley 1955 de 2019, modificada por la Ley 2294 de 2023.
- El Decreto 148 de 2020 y el Decreto 846 de 2021.
- Las Resoluciones 1040 de 2023 y 746 de 2024 del IGAC, que establecen los procesos técnicos y administrativos para la formación y actualización catastral.
El proceso de valoración se realizó mediante métodos técnicos masivos, como comparación de mercado, capitalización de rentas y costo de reposición, respetando el Modelo Extendido Catastro-Registro LADM COL. La resolución también contempla la participación de una mesa técnica de avalúos que validó los valores comerciales.
Modificaciones y vigencia
Esta resolución no modifica ni revoca disposiciones previas, sino que da continuidad y sustancia técnica al proceso iniciado por la Resolución 23-000-0015-2024, que ordenó el inicio de la actualización catastral en Montelíbano. La aprobación de los valores comerciales y avalúos catastrales es un acto administrativo de carácter general y obligatorio, que entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, sin que procedan recursos contra ella.
Impacto potencial
La aprobación de estos valores comerciales y avalúos catastrales tendrá un impacto directo en la administración tributaria local, ya que define la base para el cálculo del impuesto predial unificado. Además, fortalece la seguridad jurídica sobre la propiedad inmueble y aporta información confiable para la planeación y ordenamiento territorial del municipio. La adopción de un enfoque multipropósito en la gestión catastral facilita la integración de datos técnicos y económicos, beneficiando tanto a la administración pública como a la ciudadanía.
En suma, esta resolución representa un paso relevante en la modernización y actualización del catastro en Montelíbano, alineando la valoración de predios a estándares técnicos y jurídicos actuales, con miras a una gestión territorial más eficiente y transparente. De esta manera, se espera que el municipio cuente con herramientas sólidas para mejorar la planificación urbana y rural, promover un desarrollo sostenible y garantizar un sistema tributario justo y equitativo para todos los propietarios.
