Contexto y emisión de la resolución

La resolución fue emitida el 24 de diciembre de 2025 por la Dirección Territorial de Sucre del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y publicada en el Diario Oficial No. 53.354 el 31 de diciembre de 2025. Su propósito principal es aprobar los valores comerciales resultantes del estudio del componente económico en el proceso de actualización catastral multipropósito para Santiago de Tolú, tanto en su zona urbana como rural.

Objeto y destinatarios

El documento se dirige principalmente a los gestores catastrales, autoridades municipales y demás actores vinculados con la gestión del catastro en el municipio mencionado. La relevancia de este público radica en que son responsables de aplicar, supervisar y utilizar esta información para la correcta formación, actualización y difusión de datos catastrales, fundamentales para la seguridad jurídica de la propiedad inmueble y el fortalecimiento de los impuestos locales.

Objetivos de la resolución

El principal objetivo es establecer los valores comerciales que servirán de base para determinar los avalúos catastrales de los predios en Santiago de Tolú. Esto se realiza en el marco de un proceso técnico y jurídico regulado, que busca reflejar con precisión la realidad económica e inmobiliaria del territorio, contribuyendo así a una gestión catastral confiable y actualizada.

Decisiones y regulaciones clave

Entre las decisiones más importantes se encuentran:

• Aprobación de los valores comerciales de terreno, calculados mediante la metodología de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, conforme a la normatividad vigente.
• Aprobación de tablas de valores comerciales para construcciones, según tipologías constructivas presentes en las zonas urbana y rural.
• Determinación del avalúo catastral aplicando un porcentaje del 60% sobre los valores comerciales aprobados, en cumplimiento del artículo 2.2.2.6.2 del Decreto 148 de 2020.
• Disposición para la publicación oficial de la resolución, garantizando la obligatoriedad de sus actos administrativos.

Estos lineamientos aseguran que los avalúos catastrales sean técnicamente fundamentados, respetando límites legales que establecen que el avalúo no puede ser inferior al 60% ni superior al valor comercial.

Marco normativo y fundamentos legales

La resolución se sustenta en varias normas, entre ellas:

• El artículo 30 del Decreto 846 de 2021, que confiere facultades para la gestión catastral.
• La Ley 1955 de 2019 y su modificación por la Ley 2294 de 2023, que definen la gestión catastral como un servicio público con enfoque multipropósito.
• La Resolución IGAC 1040 de 2023 y su modificación por la Resolución 746 de 2024, que regulan los procesos técnicos y administrativos en gestión catastral multipropósito.
• El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que establece la obligatoriedad y publicación de actos administrativos de carácter general.

Modificaciones y plazos

No se reportan modificaciones a normas previas, sino la aplicación concreta y puntual de disposiciones legales y reglamentarias vigentes para el municipio de Santiago de Tolú. La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y no admite recursos, lo que otorga certeza y estabilidad jurídica a los actos allí contenidos.

Impacto potencial

Con esta resolución, se establece un marco claro y actualizado para la valoración comercial y catastral de los predios en Santiago de Tolú, facilitando la seguridad jurídica sobre la propiedad inmueble y fortaleciendo la capacidad fiscal local. Además, contribuye a la planificación y ordenamiento territorial, en línea con el enfoque multipropósito que promueve el Estado para la gestión catastral en Colombia. Este acto administrativo representa un paso importante en la modernización y transparencia de la gestión predial, asegurando que los valores aplicados respondan a la realidad económica del territorio y a las normativas vigentes. Así, se favorece una administración territorial más eficiente y equitativa, que beneficiará tanto a los propietarios como a las autoridades locales en la toma de decisiones y en la distribución justa de las cargas fiscales.