Entidad emisora, número y fecha de la resolución
La Resolución 3496 fue expedida el 31 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicada en el Diario Oficial No. 53.354 de la misma fecha. Este acto administrativo actualiza y adopta una metodología técnica para el cálculo de obligaciones contingentes en procesos judiciales y arbitrales.
Tema principal y destinatarios
El asunto central de la resolución es la adopción de una metodología de reconocido valor técnico para la valoración de las obligaciones contingentes que surgen de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en los que las entidades estatales sean parte. El destinatario principal son las entidades públicas del orden nacional y territorial, responsables de registrar y gestionar estas contingencias en el sistema eKOGUI. Este grupo es relevante porque debe reflejar adecuadamente en sus presupuestos las provisiones para posibles pérdidas derivadas de litigios, garantizando una gestión fiscal responsable.
Objetivo y finalidad de la resolución
La resolución tiene como finalidad actualizar y estandarizar la metodología para calcular la obligación contingente que las entidades públicas deben registrar en eKOGUI. Busca mejorar la precisión en la valoración del riesgo procesal y el monto económico asociado, alineando los procedimientos con los marcos normativos contables nacionales e internacionales. Así, se contribuye a una mejor planificación presupuestal y a la transparencia en la gestión de riesgos jurídicos.
Principales decisiones y regulaciones
Entre las decisiones clave, la resolución adopta la metodología incluida en la Resolución 431 de 2023 emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se incorpora como parte integral del nuevo reglamento. Esta metodología contempla:
- La calificación del riesgo procesal asociado a cada caso.
- El cálculo del valor futuro y presente de las pretensiones económicas.
- La actualización periódica de las provisiones contables con una frecuencia no mayor a seis meses, así como tras la emisión de sentencias.
Además, se aclara un error técnico en la referenciación de artículos dentro de la metodología adoptada, garantizando que la aplicación práctica sea coherente y precisa.
Base legal y normativa vigente
La resolución está fundamentada en múltiples disposiciones legales y reglamentarias, entre ellas:
| Norma | Contenido relevante |
|---|
| Ley 448 de 1998 | Obligación de incluir apropiaciones para contingencias en el presupuesto. |
| Ley 1437 de 2011 | Valoración de contingencias judiciales para entidades públicas. |
| Decreto 2052 de 2014 | Uso obligatorio del sistema eKOGUI para gestión litigiosa. |
| Decreto 1069 de 2015 | Funciones de apoderados en la gestión contable de procesos. |
| Decreto Ley 4085 de 2011 y modificaciones | Protocolos para defensa jurídica y políticas de prevención del daño. |
Modificaciones y derogaciones
La presente resolución deroga expresamente la Resolución 2781 de 2018, actualizando el marco metodológico vigente para el cálculo de obligaciones contingentes. Con ello, se incorpora la última actualización técnica y normativa realizada en colaboración con la Contaduría General de la Nación.
Plazos y vigencia
La resolución entra en vigencia desde su fecha de expedición, el 31 de diciembre de 2025. Se establece que las provisiones contables deben actualizarse con periodicidad no superior a seis meses y cada vez que se emita una sentencia judicial relevante, en consonancia con la metodología adoptada.
Impacto potencial
Esta regulación busca fortalecer la gestión financiera y jurídica de las entidades públicas, promoviendo una valoración uniforme y técnica de las obligaciones contingentes. Al armonizar la metodología con los estándares internacionales de contabilidad y los sistemas informáticos nacionales, se facilita la transparencia y el control presupuestal frente a riesgos judiciales y arbitrales. Esto puede repercutir en una mejor administración de los recursos públicos y en la reducción de incertidumbres fiscales para el Estado, contribuyendo así a una gestión pública más eficiente y responsable.
