Entidad emisora y contexto legal
La Resolución 40618 de 2025 fue emitida conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía y fue publicada en el Diario Oficial No. 53.354, el 31 de diciembre de 2025. Este acto administrativo se enmarca en un conjunto normativo que incluye varias leyes y resoluciones previas, como la Ley 26 de 1989, la Ley 1430 de 2010, la Ley 1955 de 2019 y sus modificaciones recientes, así como la Ley 2135 de 2021, que otorgan facultades para regular precios, tarifas y condiciones en la distribución de combustibles, especialmente en zonas de frontera.
Objeto y destinatarios de la resolución
El principal objetivo de la resolución es establecer el precio máximo de referencia para la venta al público de dos combustibles específicos: la gasolina motor corriente oxigenada y el ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, destinados a los municipios del departamento de Nariño. Este departamento es reconocido como zona de frontera, por lo cual la regulación busca garantizar condiciones especiales que promuevan el desarrollo económico local y la seguridad en el suministro.
Los destinatarios de esta regulación son los distribuidores y comercializadores de combustibles en Nariño, así como los consumidores finales que se benefician de un esquema tarifario ajustado a las particularidades de la región, incluyendo beneficios tributarios y ajustes por mezclas de biocombustibles.
Decisiones y regulaciones principales
La resolución fija precios máximos de referencia específicos para el municipio de Pasto:
- Gasolina motor corriente oxigenada: $14.247 por galón.
- ACPM mezclado con biocombustible: $10.338 por galón.
Estos precios se aplican al volumen máximo de combustibles con beneficios tributarios asignados a dicho municipio. Además, se contempla la posibilidad de reajustes en caso de modificaciones en los porcentajes de mezcla de biocombustibles o ante contingencias que afecten la continuidad del servicio público de distribución.
Para los demás municipios del departamento, se establece que los precios deben considerar los costos locales de transporte desde las plantas mayoristas hasta las estaciones de servicio, conforme a las tarifas fijadas por las autoridades municipales, manteniendo el marco regulatorio vigente.
Fundamentos legales y relación con normativas previas
La resolución se fundamenta en diversas disposiciones legales que regulan la intervención estatal en la fijación de precios y condiciones en la distribución de combustibles, especialmente en zonas de frontera. Destacan normas como:
| Norma | Objeto relevante |
|---|
| Ley 26 de 1989 | Facultades para fijar precios y condiciones en combustibles. |
| Ley 1430 de 2010 | Regulación especial en zonas de frontera. |
| Ley 1955 de 2019 y Ley 2294 de 2023 | Metodología para el cálculo del ingreso al productor y márgenes en la cadena. |
| Ley 2135 de 2021 | Régimen de precios con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera. |
Esta resolución deroga expresamente la Resolución 40593 de 2025, actualizando los precios y adaptando las estructuras tarifarias a los cambios recientes en los ingresos al productor y las mezclas obligatorias de biocombustibles.
Vigencia e impacto potencial
La medida entrará en vigor el 1° de enero de 2026, asegurando una regulación actualizada y coherente con las políticas energéticas y económicas para el departamento de Nariño. La fijación de precios de referencia contribuye a evitar fluctuaciones excesivas y garantizar la estabilidad en la oferta y demanda de combustibles, lo cual es especialmente relevante en zonas de frontera donde se busca promover el desarrollo económico y social.
Asimismo, la inclusión de mecanismos para ajustes en función de cambios en las mezclas y contingencias contribuye a la flexibilidad necesaria para mantener la continuidad en el servicio público de distribución de combustibles.
En conclusión, la Resolución 40618 de 2025 representa un paso normativo clave para la regulación del mercado de combustibles en Nariño, alineado con los objetivos legales de protección, desarrollo y seguridad energética en áreas sensibles como las zonas de frontera. Esta iniciativa fortalecerá la economía local y garantizará el acceso a combustibles en condiciones justas y estables para todos los habitantes del departamento.
