Entidades emisoras y contexto normativo
La Resolución Orgánica 010 de 2025 fue emitida por la Auditoría General de la República el 30 de diciembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial número 53.355 el 2 de enero de 2026. Esta decisión se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, entre ellas el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, y el Decreto Ley 272 de 2000, que establecen las funciones y la autonomía de la Auditoría General. Asimismo, se apoyó en la Ley 594 de 2000 sobre gestión documental, la Ley 1712 de 2014 que regula el derecho de acceso a la información pública y sus decretos reglamentarios.
Objeto y destinatarios de la resolución
El objetivo principal de la resolución es adoptar y actualizar los Instrumentos de Gestión de Información Pública para la Auditoría General de la República, herramienta clave para la gestión documental y la transparencia institucional. Estos instrumentos buscan mejorar la administración, divulgación y seguridad de la información pública generada o custodiada por la entidad. El destinatario directo es la propia Auditoría General, incluyendo a sus líderes de proceso, jefes y funcionarios responsables de la gestión de la información, quienes deben implementar y mantener actualizados dichos instrumentos conforme a los lineamientos legales y administrativos.
Principales decisiones y regulaciones
La resolución adopta los siguientes instrumentos de gestión de información pública:
- Registro de Activos de Información: Catalogación detallada de la información institucional.
- Índice de Información Clasificada y Reservada: Listado de datos que requieren protección especial.
- Esquema de Publicación: Plan para la divulgación proactiva y rutinaria de la información pública.
- Seguridad de la Información: Normativas para garantizar la protección y confidencialidad de los datos.
- Activos de Información del MSPI: Gestión específica de información del Mecanismo de Seguimiento a las Políticas Institucionales.
Además, establece que la responsabilidad de la elaboración, aprobación, actualización e implementación de estos instrumentos recae en los líderes de proceso y jefes de dependencia, quienes deben actuar apoyados interdisciplinariamente por los funcionarios implicados, atendiendo a los requisitos legales, tecnológicos y administrativos.
Fundamentos legales y vigencia
La resolución se fundamenta en un marco legal robusto que incluye, entre otros, el artículo 1º del Decreto Ley 272 de 2000, la Ley 594 de 2000 sobre gestión documental, la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1080 de 2015 que reglamentan el acceso a la información pública y la gestión documental. Destaca también la convalidación previa de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación y la aprobación de los instrumentos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Se indica que esta resolución entra en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial y deroga cualquier disposición interna que le sea contraria.
Impacto potencial de la resolución
Con esta actualización, la Auditoría General de la República fortalece su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de la información pública. La adopción formal y clara de estos instrumentos facilita el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de gestión documental y acceso a la información, promueve una cultura organizacional orientada a la divulgación proactiva y contribuye a mejorar la confianza ciudadana en el control fiscal y la vigilancia de la gestión pública.
La resolución también establece mecanismos claros de responsabilidad interna, lo que puede traducirse en una mayor calidad en la administración de los documentos y en la protección adecuada de la información sensible. En conjunto, estas medidas configuran un paso relevante para consolidar estándares modernos de gestión documental en la Auditoría General de la República, asegurando así una administración más transparente, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.
