Propósito General y Objetivo Principal del Proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito general declarar el año 2026 como el Año de la Justicia Agraria, un paso decisivo para facilitar el trámite y la gestión pacífica de los conflictos rurales, así como para generar condiciones que permitan la implementación y el buen funcionamiento de la Jurisdicción Agraria. El objetivo principal es coordinar la concurrencia efectiva de planes y programas del sector agrícola y de desarrollo rural que garanticen el derecho a la justicia de las poblaciones campesinas y étnicamente diferenciadas, además de promover la formación académica y administrativa para fortalecer este ámbito.
Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos
El proyecto establece diversas medidas específicas, entre las que destacan:
- La facultad para que la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) compile, sistematice y publique mensualmente información relacionada con la conflictividad agropecuaria y rural, así como los trámites y mecanismos de reclamación disponibles para las comunidades rurales.
- La implementación de un plan de urgencia para que la Autoridad Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas garanticen decisiones administrativas en plazos razonables.
- La finalización de la fase administrativa del Procedimiento Único para procesos agrarios en curso y la presentación oportuna de acciones judiciales para culminar la fase judicial obligatoria.
- El diseño y actualización de protocolos con enfoque diferencial dirigidos a poblaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otros grupos vulnerables, incorporando enfoques de género, étnicos, etarios e interseccionales.
- El fortalecimiento de capacidades de consultorios y clínicas jurídicas en derecho agrario y jurisdicción agraria, asegurando la formación en la gestión pacífica de conflictos rurales.
- La promoción de la articulación interinstitucional para fortalecer la defensa pública en asuntos agrarios, especialmente para población vulnerable.
- El apoyo a las instituciones de educación superior para la estructuración e implementación de cátedras y programas de formación en derecho agrario y jurisdicción agraria.
- La creación de escuelas de derecho y justicia agraria con participación paritaria de mujeres y priorización de jóvenes y personas con discapacidad.
- La difusión a distancia mediante un programa radial enfocado en derechos rurales y justicia agraria, dirigido a territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos.
- La conformación de una mesa de trabajo interministerial para promover la cultura jurídica agraria y formular recomendaciones para su inclusión en la educación superior.
- La celebración de acuerdos con universidades, grupos de investigación y centros de pensamiento para promover estudios y estrategias en prevención y resolución de conflictos agrarios.
- Medidas administrativas para coordinar esfuerzos del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
- La realización de jornadas trimestrales de oferta institucional en zonas rurales prioritarias para garantizar acceso a la justicia y servicios públicos para el campesinado y comunidades étnicas.
- El desarrollo de capacidades técnicas para integrar el enfoque de derechos humanos en las relaciones con el sector empresarial agrícola y la implementación de recomendaciones internacionales en cadenas de suministro responsable.
- Medidas diferenciadas para contextos de conflicto armado y territorios de alto riesgo, orientadas a prevenir afectaciones a derechos humanos y garantizar condiciones seguras para defensoras y defensores de derechos humanos.
- La búsqueda de financiación internacional y multilateral para promover la justicia agraria y rural.
Impacto y Alcance Potencial
Este proyecto busca promover una justicia agraria efectiva y accesible que atienda las particularidades de las poblaciones rurales, campesinas y étnicamente diferenciadas, contribuyendo a la reducción de desigualdades históricas y a la prevención de la violencia en el campo colombiano. La implementación de la Jurisdicción Agraria fortalecerá el acceso oportuno y culturalmente adecuado a la justicia, apoyará la resolución pacífica de conflictos sobre la tierra y promoverá la equidad en el acceso a recursos productivos. Además, la formación académica y el fortalecimiento institucional contribuirán a la creación de un capital humano calificado para atender la demanda judicial rural.
Participación de Actores Clave
El proyecto involucra a múltiples actores del sector público, incluyendo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales (UPRA), la Autoridad Nacional de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, y entidades territoriales y educativas. También contempla la colaboración con universidades, grupos de investigación, clínicas jurídicas, y organizaciones de las comunidades rurales para articular esfuerzos y garantizar un enfoque integral y diferencial.
