Contexto y propósito del Decreto 0037 de 2026

El Ministerio del Interior emitió el Decreto 0037 de 2026, publicado en el Diario Oficial No. 53.374 el 21 de enero de 2026. Este decreto adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, que reglamenta el Sector Administrativo del Interior, en lo relativo a la adopción de la Política Pública de Convivencia y Seguridad Humana. La expedición de este decreto se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, entre ellas los artículos 189 y 339 de la Constitución Política, así como leyes recientes como la Ley 2294 de 2023 y la Ley 1801 de 2016. El propósito principal del decreto es institucionalizar una política pública orientada a promover un modelo de convivencia y seguridad ciudadana que fortalezca la seguridad humana. Esto implica un enfoque multisectorial, integral, preventivo y contextualizado, que permita articular acciones entre las entidades públicas, la comunidad y otros actores sociales para transformar pacíficamente las conflictividades y garantizar el respeto pleno a los derechos humanos.

Medidas y disposiciones específicas

La política pública adoptada establece cinco objetivos específicos que guían sus acciones: gestión del conocimiento para la convivencia, desarrollo de instrumentos para la gestión y tratamiento de conflictividades, transformación pacífica de conflictos, planeación territorial para la convivencia y seguridad humana, y promoción de una convivencia sostenible mediante la evaluación continua de la política. Se establecen además tres ejes de gestión transversales: el institucional, que busca la coordinación efectiva entre entidades nacionales y territoriales; el comunitario, que reconoce y fortalece las prácticas sociales y culturales propias de las comunidades; y el personal, que enfatiza el rol de cada individuo en la construcción de una convivencia armónica. Además, el decreto define la corresponsabilidad como principio fundamental, señalando que todas las personas naturales y jurídicas, incluyendo entidades públicas y privadas, comunidades y familias, deben contribuir a la gestión y transformación de los conflictos para salvaguardar la convivencia y la seguridad.

Ámbito de aplicación e implicaciones

La política pública tiene carácter obligatorio para las entidades del orden nacional y debe ser implementada en coordinación con las autoridades territoriales, considerando sus competencias y contextos específicos. Se aplica a toda persona natural y jurídica en el territorio colombiano, sin discriminación alguna, garantizando un enfoque diferencial e interseccional que considera género, etnia, edad, orientación sexual, discapacidad y ruralidad. El Ministerio del Interior tiene la función de coordinar la articulación interinstitucional con entidades como la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, para asegurar la integralidad y efectividad de la política. También liderará la socialización, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del Plan de Acción que desarrolla esta política.

Base legal, vigencia y disposiciones finales

El decreto se fundamenta en la Constitución Política, leyes sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que establece la seguridad humana y la justicia social como transformaciones estructurales prioritarias. En este contexto, el Decreto 0037 de 2026 incorpora la política pública como un instrumento para materializar estas prioridades. El decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación y no deroga actos administrativos previos, sino que adiciona el marco normativo existente. Las entidades públicas deben ajustar sus planes y programas para incorporar los lineamientos de la política, garantizando la participación ciudadana y la transparencia en la implementación.

Implicaciones para la ciudadanía y las entidades

Para la ciudadanía, esta política representa un compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y la seguridad humana, fomentando espacios de diálogo, prevención y transformación de conflictos sin recurrir a la violencia. Para las entidades públicas y privadas, implica la obligación de capacitar a sus funcionarios y trabajadores en la política, implementar prácticas y protocolos alineados con sus objetivos, y participar activamente en los mecanismos de seguimiento y evaluación. En suma, el Decreto 0037 de 2026 establece un modelo de gestión pública integral y corresponsable que busca fortalecer el tejido social, garantizar el respeto a los derechos fundamentales y construir entornos seguros y armónicos en todo el país. Esta política representa un avance significativo en la consolidación de una sociedad más pacífica, inclusiva y respetuosa de la diversidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al bienestar de todos los colombianos.