Entidades y normativa involucradas
La Resolución UAE - CRA 038 de 2026 fue expedida el 19 de enero de 2026 por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y publicada en el Diario Oficial No. 53.375 el 22 de enero de 2026. Esta entidad, con base en las facultades otorgadas por la Ley 142 de 1994, la Ley 1437 de 2011 (modificada por la Ley 2080 de 2021), y diversos decretos y resoluciones regulatorias previas (entre ellas la Resolución CRA 943 de 2021 y sus modificaciones posteriores), lidera la regulación tarifaria en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Objeto y alcance de la resolución
El tema principal de esta resolución es la suspensión y posterior levantamiento de la actuación administrativa relacionada con la adopción de nuevas fórmulas tarifarias para personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas. El proceso buscaba la subrogación del Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 y la Parte 2 del Libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, con el fin de actualizar y ajustar la metodología tarifaria aplicable a estos grandes prestadores.
Destinatarios y relevancia
La resolución está dirigida principalmente a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que cuentan con una base de suscriptores superior a 5.000 en áreas urbanas. Este segmento es relevante por su impacto directo en la prestación eficiente y sostenible de los servicios, así como en la protección de los derechos de los usuarios finales, quienes dependen de tarifas justas y reguladas.
Contexto procedural y suspensión
El proceso regulatorio había iniciado con la publicación del proyecto de resolución para participación ciudadana durante tres meses, que culminó en noviembre de 2025. Sin embargo, la actuación administrativa fue suspendida debido a la presentación de una recusación contra una experta comisionada de la CRA, lo cual es un mecanismo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para garantizar imparcialidad en la toma de decisiones.
Decisión sobre la recusación y levantamiento de la suspensión
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante resolución del 2 de enero de 2026, declaró infundada la recusación presentada, confirmando que no se acreditó causal alguna que impidiera la participación de la experta comisionada en el proceso tarifario. Posteriormente, la CRA, en ejercicio de sus facultades, decidió levantar la suspensión de la actuación administrativa para continuar con la adopción de las fórmulas tarifarias contempladas en el proyecto de resolución.
Principales disposiciones y efectos
Entre las decisiones contenidas en la resolución destacan:
- El levantamiento formal de la suspensión de la actuación administrativa para la adopción de fórmulas tarifarias.
- La orden de publicación del acto administrativo tanto en el Diario Oficial como en la página web de la CRA.
- La comunicación expresa a las partes interesadas involucradas en el proceso.
- La vigencia inmediata a partir de la publicación de la resolución.
Base legal y continuidad administrativa
La resolución se fundamenta en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula los trámites de impedimentos y recusaciones, así como en las leyes y decretos que conforman el marco regulatorio del sector de servicios públicos domiciliarios. Además, responde a las autorizaciones internas otorgadas por la Comisión en sesiones previas para suspender y levantar suspensiones en procedimientos tarifarios ante la presentación de recusaciones.
Impacto potencial
El levantamiento de la suspensión permite que el proceso de actualización tarifaria continúe su curso, lo cual es fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores y la adecuada prestación de servicios en las zonas urbanas. También reafirma la importancia del debido proceso en los trámites administrativos, asegurando que las recusaciones sean resueltas conforme a la ley sin obstaculizar indebidamente la regulación sectorial.
Esta resolución reafirma el compromiso de la CRA con la transparencia, la participación ciudadana y la aplicación rigurosa del marco jurídico, elementos clave para la regulación efectiva de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Así, se garantiza que las tarifas reflejen de manera justa los costos y necesidades del sector, beneficiando tanto a los prestadores como a los usuarios finales.
