Contexto y marco normativo

El proyecto de decreto anunciado por el Ministerio de Transporte, cuya publicación se esperaría en 2025, buscaría modificar y complementar el Decreto 1079 de 2015, único reglamentario del sector transporte. Esta iniciativa se enmarcaría en la necesidad de dar cumplimiento a disposiciones constitucionales y legales que establecen la regulación, control y vigilancia estatal sobre el transporte como servicio público esencial, tal como lo contemplan la Constitución Política de Colombia y leyes como la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996. El proyecto haría referencia a decisiones judiciales como el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2011 y compromisos gubernamentales derivados del Acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera de 2016. Además, retomaría medidas previas adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante decretos y resoluciones que buscan sanear el registro inicial de vehículos de transporte de carga.

Propósito y alcance del proyecto

El propósito principal del proyecto sería establecer un plazo definido de 18 meses para que los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga con omisiones en el trámite de registro inicial puedan realizar su proceso de normalización. Esta medida buscaría contribuir a la regulación de la oferta de vehículos, en línea con la política de renovación del parque automotor y la reducción de externalidades negativas asociadas a la edad del mismo. Los sectores afectados incluirían a propietarios, poseedores y tenedores de buena fe de vehículos de carga, así como a organismos de tránsito y entidades de control vinculadas al sector transporte.

Cambios y medidas específicas planteadas

El proyecto sustituiría el artículo 2.2.1.7.7.1.3 de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, estableciendo el plazo de 18 meses para la normalización de los vehículos con omisiones en su registro inicial. Además, adicionaría dos artículos:

• Artículo 2.2.1.7.7.1.18: Regularía el mecanismo de normalización mediante el pago del valor de la caución, permitiendo a los propietarios realizarlo en una o dos cuotas, con condiciones específicas para el pago fraccionado y consecuencias en caso de incumplimiento.
• Artículo 2.2.1.7.7.1.19: Establecería medidas complementarias para los vehículos con omisión en el registro inicial, incluyendo la aplicación de sanciones previstas en la Ley 336 de 1996 y la obligación de los organismos de tránsito de iniciar acciones de control una vez vencido el plazo para normalización.

El proyecto también contemplaría la reglamentación en un plazo de tres meses para permitir la corrección de información relacionada con el Peso Bruto Vehicular de vehículos de carga, facilitando así la normalización.

Participación de actores clave

La ejecución y supervisión del decreto involucrarían al Ministerio de Transporte, los organismos de tránsito, la Concesión RUNT 2.0 S.A.S., encargada del desarrollo tecnológico en el sistema RUNT, y la Superintendencia de Transporte, que tendría a su cargo el control y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones. Los propietarios, poseedores y tenedores de buena fe de vehículos de carga serían los principales responsables de adelantar el proceso de normalización conforme a los plazos y requisitos establecidos.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto habría sido publicado en la página web oficial del Ministerio de Transporte durante un periodo determinado para recibir comentarios, observaciones y propuestas de ciudadanos y grupos de interés, lo que permitiría una participación abierta en el proceso de elaboración normativa. --- Esta iniciativa buscaría actualizar y fortalecer el marco regulatorio para garantizar la correcta inscripción y funcionamiento de los vehículos de carga, en atención a la regulación estatal del servicio público de transporte y las demandas del sector. Así, se espera mejorar la formalización y control de la flota de transporte de carga en el país, contribuyendo a la seguridad vial, la competitividad y la sostenibilidad del sector.