Providencia emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

El pasado 21 de enero de 2026, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió la providencia No. 25, mediante la cual inadmitió un recurso extraordinario de revisión presentado contra un fallo de segunda instancia. Esta providencia se inscribe en el marco de un proceso judicial originado por la solicitud de reliquidación salarial de un servidor público retirado, quien reclamaba el reajuste de su asignación mensual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al período comprendido desde enero de 2004 y años siguientes.

Antecedentes del proceso

El litigio se inició con una demanda presentada ante el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas. Posteriormente, la apelación interpuesta fue resuelta por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de primera instancia. En esta última providencia se confirmó que no procedía la reliquidación salarial según lo solicitado. Frente a esta situación, el recurrente interpuso un recurso extraordinario de revisión con base en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, argumentando el desconocimiento del precedente constitucional aplicable a la reliquidación salarial de los servidores públicos.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El magistrado ponente examinó el recurso extraordinario de revisión y determinó que, si bien el recurso fue interpuesto dentro del término legal y contra una providencia susceptible de ser objeto de esta clase de recurso, el escrito adolecía de deficiencias formales que impedían su admisión. En particular, se evidenció la ausencia del poder otorgado al abogado para actuar en nombre del recurrente, requisito obligatorio conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, se constató que no se cumplió con la obligación de remitir copia del memorial de subsanación a la parte opositora, esto es, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), conforme al numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.

Decisión y efectos

Por las razones señaladas, se concedió un término máximo de cinco días para que el recurrente subsanara las deficiencias señaladas; en caso contrario, el recurso extraordinario de revisión permanecería inadmitido. La providencia ordena que, una vez vencido el término, el expediente sea ingresado al despacho para la decisión de fondo que corresponda. Esta providencia resalta la importancia de cumplir con los requisitos formales en la interposición de recursos extraordinarios ante el Consejo de Estado, así como la obligación de garantizar la participación y conocimiento de las partes involucradas en el proceso, conforme a los principios del debido proceso y la transparencia administrativa. La resolución fue firmada electrónicamente y puede ser verificada a través del sistema SAMAI del Consejo de Estado, asegurando la integridad y autenticidad del documento. --- Esta noticia jurídica pone de manifiesto que, aunque los recursos extraordinarios buscan proteger derechos fundamentales, su admisión está sujeta al cumplimiento riguroso de requisitos procesales, lo que garantiza la correcta administración de justicia y la seguridad jurídica en los procesos contencioso administrativos. En definitiva, el respeto a las formalidades no solo fortalece la legitimidad de las decisiones judiciales, sino que también protege los derechos de todas las partes involucradas, contribuyendo a un sistema judicial más transparente y eficiente.