Competencia y contexto procesal

El auto fue proferido por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, máxima jurisdicción administrativa en Colombia para este tipo de asuntos, en única instancia. La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), mecanismo idóneo para impugnar actos administrativos de carácter general. El acto cuestionado es el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido por los ministros de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, mediante el cual se fijó el salario mínimo mensual legal para 2026 en un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905).

Antecedentes fácticos y procesales

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó la demanda solicitando la nulidad del mencionado decreto. La demanda cumple con los requisitos formales exigidos por el CPACA, incluyendo la adecuada designación de las partes y sus representantes, la clara expresión de lo pretendido, la exposición ordenada y numerada de los hechos, la identificación de normas presuntamente vulneradas y la presentación de los anexos necesarios, incluyendo la certificación de existencia y representación legal de la organización demandante. El Consejo de Estado reconoció la personería del apoderado de la Federación Nacional de Comerciantes conforme a lo previsto en la ley. Asimismo, determinó que la competencia corresponde a esta corporación en única instancia, atendiendo al carácter nacional del acto administrativo y a la especialización en materia laboral de la Sección Segunda. El auto aclaró que, aunque el decreto fue firmado por el presidente de la República y los ministros respectivos, la responsabilidad y ejecución recaen en los ministerios del ramo, quienes deben comparecer en el proceso, por lo que no se tendrá como parte demandada al Departamento Administrativo de la Presidencia.

Consideraciones sobre la admisión y la remisión para acumulación

En cumplimiento de lo preceptuado en el CPACA y el Código General del Proceso, la Sala revisó los elementos de la demanda y constató que cumple con los requisitos para ser admitida. Se ordenó notificar personalmente a los demandados y a las entidades públicas involucradas, incluido el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, el Consejo de Estado ordenó remitir el proceso al despacho especializado para estudiar la posible acumulación con otros dos procesos que versan sobre la misma pretensión: la nulidad del Decreto 1469 de 2025. Esta medida busca evitar decisiones contradictorias y contribuir a la seguridad jurídica. Una vez resuelta la acumulación, el despacho a cargo decidirá sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas por la parte demandante.

Importancia jurídica y próximos pasos

Este auto es un paso inicial en el control judicial del decreto que establece el salario mínimo para 2026. La admisión formaliza la controversia y permite el inicio del trámite procesal, lo que incluye la recopilación del expediente administrativo, la notificación a las partes y la evaluación de medidas cautelares que podrían afectar la vigencia o ejecución del decreto mientras se resuelve el fondo del asunto. La decisión refleja el cumplimiento estricto de los requisitos procesales establecidos en el CPACA, garantizando el debido proceso y la participación de las partes. Asimismo, el estudio de acumulación de expedientes permitirá un análisis integral y coherente del tema, evitando pronunciamientos disímiles sobre una misma materia. Esta providencia mantiene la transparencia y el acceso a la justicia en asuntos que afectan derechos económicos y laborales, y representa una actuación judicial relevante en la revisión de actos administrativos de alta incidencia social y económica. El proceso seguirá su curso conforme a los términos legales, y se espera que en las próximas etapas se definan las posiciones de las partes y se determine la validez del decreto impugnado, con posibles implicaciones para la política salarial en Colombia.