Contexto y competencia del tribunal

El Consejo de Estado, en única instancia y a través de su Sección Segunda especializada en asuntos laborales, conoció el auto que admite la demanda de nulidad presentada contra el Decreto 1469 de 29 de diciembre de 2025. Este decreto estableció el salario mínimo legal mensual para el año 2026 en la suma de un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905). La competencia de este tribunal se funda en el artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el Acuerdo 080 de 2019, que asigna a la Sección Segunda el conocimiento de temas laborales, incluyendo la fijación del salario mínimo.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, el cual permite a cualquier persona solicitar la nulidad de actos administrativos de carácter general sin necesidad de apoderado. El demandante solicitó la nulidad parcial del decreto por omisión normativa relevante, argumentando que, pese a reconocer la existencia de una brecha salarial estructural, el decreto no incorporó reglas correctivas intertemporales ni criterios de evaluación y seguimiento para verificar la proporcionalidad y razonabilidad de la política salarial adoptada. Además, planteó que esta omisión vulnera varios artículos constitucionales, entre ellos los artículos 1, 2, 13, 25, 53 y 334 de la Constitución Política, así como la Ley 278 de 1996, que regula aspectos laborales. Subsidiariamente, se pidió que se declare la legalidad condicionada del decreto, estableciendo que cuando se reconozcan brechas estructurales en la fijación del salario mínimo, debe acompañarse la...