Competencia y naturaleza de la providencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en calidad de tribunal de única instancia, profirió un auto interlocutorio mediante el cual admitió la demanda de nulidad contra el Decreto que fija el salario mínimo mensual legal para 2025. La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, actuando en nombre propio, solicitó la anulación del Decreto 1469 de 2025, que establece el salario mínimo mensual legal para el año 2025. El Consejo de Estado verificó que la demanda cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 162 a 167 de la Ley 1437 de 2011, por lo que procedió a admitirla para su trámite en única instancia. Durante el análisis del caso, el despacho judicial advirtió la existencia de otros dos procesos en curso que también buscan la anulación del mismo decreto, identificados con radicados 0003-2026 y 0004-2026. En estos procesos, la admisión de la demanda se notificó antes que en el presente caso.

Consideraciones y fundamentos de la decisión

El auto interlocutorio se fundamenta en los artículos 148 a 150 del Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA, que regulan la acumulación de procesos. Esta figura procesal permite que asuntos conexos se resuelvan conjuntamente, evitando pronunciamientos contradictorios y promoviendo la seguridad jurídica. De acuerdo con la regulación, la acumulación debe solicitarse antes de la celebración de la audiencia inicial o, en su defecto, antes de que quede en firme una providencia que imponga sentencia anticipada. En los expedientes referidos, no se ha fijado fecha para audiencia ni se ha dictado sentencia anticipada, por lo que aún es viable estudiar la acumulación. En consecuencia, el despacho ordenó remitir el expediente para que se evalúe la posibilidad de acumular este proceso a uno de los otros dos. De esta manera, se busca unificar criterios y evitar la emisión de sentencias contradictorias sobre el mismo decreto.

Órdenes y notificaciones

El auto establece además que se notificará a las partes involucradas, incluyendo representantes de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo, el delegado del Ministerio Público ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se concedió un plazo de treinta días para que la parte demandada entregue los antecedentes administrativos del acto objeto de la demanda, conforme al artículo 175 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, el despacho a cargo del proceso decidirá sobre la solicitud de medidas cautelares planteada por el demandante una vez resuelta la acumulación. Finalmente, se ordenó informar a la comunidad sobre la existencia del trámite y se realizaron las anotaciones pertinentes en la plataforma judicial correspondiente. --- Esta providencia refleja la actuación del Consejo de Estado en el control de legalidad de actos administrativos que afectan derechos fundamentales como el salario mínimo, y la aplicación de mecanismos procesales para garantizar la coherencia y seguridad jurídica en la jurisdicción contencioso-administrativa. Con esta medida, se busca preservar la estabilidad normativa y proteger los intereses de los trabajadores, asegurando que las decisiones judiciales sean consistentes y debidamente fundamentadas.