Contexto y competencia del tribunal

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió un auto relacionado con un proceso de nulidad electoral, en segunda instancia. La providencia respondió a una petición de aclaración y adición presentada tras la sentencia emitida el 11 de diciembre de 2025, que negó la nulidad electoral solicitada respecto a la designación de los conjueces de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2026.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, quien actuó en nombre propio, solicitó inicialmente la nulidad de la elección contenida en el Acta núm. 9 de Sala Plena del 27 de febrero de 2025, argumentando que la designación se realizó con irregularidades que vulneraron el debido proceso, el principio de legalidad y el deber de motivación. La Sala, en sentencia previa, encontró que la elección estaba prevista en la sesión continuada del 26 al 27 de febrero y que, conforme al reglamento interno, no era necesaria una nueva votación ni modificación del orden del día para tratar asuntos pendientes. Adicionalmente, se analizó la crítica sobre la falta de publicidad previa de los perfiles de los candidatos, concluyendo que la normativa aplicable no exigía dicha divulgación y que la transparencia se mantuvo con el acceso institucional a la información en medios oficiales. Por tanto, la Sala confirmó la presunción de legalidad del acto administrativo. Posteriormente, el demandante solicitó aclaración y, en subsidio, adición a la sentencia, argumentando que la decisión no abordó ciertos aspectos relacionados con la legalidad del orden del día y la continuidad de las deliberaciones en el proceso judicial conexo.

Análisis y consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado analizó la solicitud conforme a los artículos 290 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 285 y 287 del Código General del Proceso (CGP), que regulan la aclaración y adición de sentencias. Se estableció que la solicitud fue presentada dentro de los términos legales y que el solicitante tenía legitimación para ello. Sin embargo, la Sala determinó que no existían conceptos o frases en la sentencia que generaran verdadero motivo de duda que justificara la aclaración. Tampoco se advirtió omisión en el pronunciamiento sobre aspectos relevantes del litigio que justificara la adición. Además, se recordó que tales recursos no constituyen espacios para reabrir debates ya resueltos ni para modificar la valoración probatoria o interpretativa realizada. La providencia reiteró que la elección se realizó conforme a las disposiciones del reglamento interno de la Corte Constitucional, que prevé que los asuntos pendientes en una sesión se continúan en la siguiente sin necesidad de modificar formalmente el orden del día ni realizar nueva votación. Asimismo, se mantuvo la presunción de legalidad del acto administrativo en ausencia de pruebas que acreditaran vicios sustanciales.

Decisión final

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en auto fechado el 22 de enero de 2026, negó la solicitud de aclaración y adición a la sentencia del 11 de diciembre de 2025. Esta decisión es definitiva y no admite recurso ordinario. Esta providencia reafirma los principios de legalidad, debido proceso y motivación en el ámbito electoral administrativo, consolidando la interpretación de los procedimientos internos de la Corte Constitucional para la designación de sus conjueces, y fortaleciendo la confianza en la institucionalidad del proceso electoral judicial.