Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo, profirió un auto el 22 de enero de 2026, que resolvió un recurso de súplica interpuesto contra la negativa de decreto de pruebas solicitadas en segunda instancia. El auto confirmado fue inicialmente dictado el 7 de noviembre de 2025 por uno de los magistrados de la Sección y negó la incorporación de ciertas pruebas documentales en el proceso de nulidad electoral que cuestiona la legalidad del nombramiento de un alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.).

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada para declarar la nulidad del acto administrativo que designó como alcalde local de Ciudad Bolívar a un funcionario, bajo el argumento de incumplimiento del requisito de residencia mínima de dos años en la localidad, estipulado en el artículo 65 de la Ley 1421 de 1993, modificado por la Ley 2116 de 2021. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del nombramiento. El apoderado del demandado interpuso recurso de apelación y, posteriormente, solicitó la incorporación de nuevas pruebas documentales en segunda instancia, entre ellas certificaciones bancarias, constancias de participación en reuniones escolares y documentos relacionados con convenios administrativos. Dichas pruebas fueron presentadas en un escrito de ampliación del recurso de apelación. Sin embargo, el tribunal negó su admisión por considerar que estas pruebas debieron ser aportadas oportunamente en la contestación de la demanda y que no se cumplían los requisitos legales para su admisión en segunda instancia.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala recordó que, conforme al artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, las oportunidades para aportar pruebas están claramente delimitadas, siendo la demanda y su contestación las principales etapas para presentar medios probatorios. En segunda instancia, la admisión de pruebas adicionales es excepcional y se encuentra sujeta a condiciones estrictas, tales como que las partes las soliciten de común acuerdo o que se trate de hechos posteriores a la primera instancia. El recurrente argumentó que las pruebas solicitadas debían considerarse como «prueba para mejor proveer», una figura que permite aclarar dudas o puntos oscuros del proceso antes de dictar sentencia. No obstante, la Sala precisó que esta categoría no constituye un medio probatorio distinto, sino una modalidad de pruebas de oficio que el juez puede decretar únicamente para esclarecer hechos dudosos luego de agotadas las etapas probatorias. Además, enfatizó que esta facultad no puede ser invocada para subsanar la inactividad probatoria de una parte, ni para introducir elementos nuevos que debieron aportarse oportunamente. Asimismo, se destacó que el propósito de esta figura es limitado y no permite ampliar la controversia ni suplir omisiones probatorias. En el caso concreto, no se identificaron hechos oscuros o difusos que justificaran la aplicación de la prueba de oficio en modalidad de mejor proveer. Por tanto, se concluyó que la negativa de decreto de la prueba fue ajustada al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia vigente.

Conclusión de la Sala

Con base en estos argumentos, la Sección Quinta confirmó el auto que negó la incorporación de las pruebas solicitadas en segunda instancia. Además, advirtió a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno y ordenó devolver el expediente al magistrado sustanciador para continuar con el trámite correspondiente. Esta providencia reafirma la importancia de respetar las oportunidades procesales para la presentación de pruebas en los procesos judiciales y delimita de manera clara el alcance de la figura de la «prueba para mejor proveer» dentro del régimen de nulidad electoral, garantizando así la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia en estos casos.