Contexto y tribunal competente

La providencia en análisis fue proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en calidad de instancia superior, mediante auto que resuelve recurso de queja contra decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Esta última instancia negó la procedencia de un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto en un proceso de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General, por una presunta privación injusta de la libertad.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante presentó en marzo de 2016 demanda de reparación directa solicitando el reconocimiento de perjuicios morales equivalentes a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y de perjuicios patrimoniales por más de 24 millones de pesos. En primera instancia, el juzgado accedió a las pretensiones, pero el Tribunal Administrativo revocó dicha decisión en diciembre de 2024, negando las reclamaciones. Contra esta sentencia se interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, alegando desconocimiento de una tesis jurisprudencial sobre responsabilidad objetiva en privación de la libertad. El Tribunal Administrativo rechazó el recurso extraordinario en mayo de 2025, argumentando incumplimiento del requisito de cuantía exigido por el artículo 257 del CPACA, que establece que la cuantía debe ser igual o superior a 450 smlmv para procesos de reparación directa. El demandante formuló recurso de reposición y en subsidio de queja, insistiendo en que debía actualizarse el valor de los perjuicios patrimoniales para cumplir con la cuantía mínima.

Consideraciones jurídicas y decisión

El Consejo de Estado analizó la competencia para conocer el recurso de queja, confirmando que corresponde a dicha corporación según los artículos 125, 150 y 245 del CPACA, en concordancia con el Código General del Proceso. Respecto del fondo, el tribunal superior aclaró que la cuantía para la procedencia del recurso extraordinario se determina con base en el monto reconocido en la sentencia cuando esta es condenatoria, o en las pretensiones de la demanda cuando la sentencia es denegatoria. En este caso, la sentencia negó las pretensiones, por lo cual se debe calcular la cuantía sumando las pretensiones iniciales. La parte demandante solicitó 400 smlmv por perjuicios morales, monto que no requiere actualización, y 24.163.225 pesos por perjuicios patrimoniales, que sí deben actualizarse al valor presente a la fecha de interposición del recurso extraordinario (enero de 2025), aplicando el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. El cálculo arrojó un valor actualizado de aproximadamente 38.754.442 pesos, equivalente a 27,224 smlmv. Sumando ambos conceptos, la cuantía total alcanzó 427,224 smlmv, cifra inferior al mínimo legal de 450 smlmv exigido para la admisión del recurso. El Consejo de Estado señaló que no era posible modificar o aumentar el monto reclamado en esta instancia, dado que la ley define expresamente cómo debe calcularse la cuantía para efectos de admisión del recurso extraordinario. En consecuencia, confirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca actuó correctamente al rechazar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia por incumplimiento del requisito de cuantía.

Conclusión formal de la providencia

Por lo anterior, el Consejo de Estado resolvió estimar bien rechazado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para los trámites correspondientes. Esta decisión reafirma la aplicación estricta de los requisitos procesales para la admisión de recursos extraordinarios en procesos de reparación directa, en particular el cumplimiento de la cuantía mínima establecida en el CPACA, asegurando así la correcta administración de justicia en materia contencioso administrativa.