Contexto y tribunal

La providencia fue emitida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en instancia extraordinaria, con ocasión de un recurso de casación presentado contra la sentencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. La resolución data del 20 de enero de 2026.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso judicial tuvo origen en una demanda para decretar la separación de cuerpos de un matrimonio católico, alegando causales establecidas en el artículo 154 del Código Civil. El tribunal de primera instancia decretó la separación de cuerpos basándose en el apartamiento de hecho por más de dos años, disolviendo la sociedad conyugal y ordenando su inscripción en los registros civiles correspondientes. En segunda instancia, el Tribunal Superior confirmó el fallo y adicionó el reconocimiento de causales adicionales, además de condenar al cónyuge demandado como culpable, imponiéndole una cuota alimentaria equivalente al 30% de su mesada pensional, entre otras obligaciones. Contra esta decisión se interpuso recurso de casación.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte recordó que el recurso de casación, regulado en los artículos 333 y siguientes del Código General del Proceso, tiene carácter extraordinario y procede de manera restrictiva, principalmente en procesos declarativos de segunda instancia, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En particular, en asuntos relativos al estado civil, la casación solo procede en sentencias que versen sobre impugnación o reclamación de estado y declaración de uniones maritales de hecho (artículo 334 del Código General del Proceso). La Corte explicó que la separación de cuerpos es un proceso declarativo que incide directamente en el estado civil, modificando el atributo de la personalidad del cónyuge y produciendo efectos legales como la suspensión de la vida en común y la disolución de la sociedad conyugal. Por ello, estas sentencias se encuentran excluidas de la procedencia del recurso de casación. Asimismo, aunque la segunda instancia impuso una condena alimentaria, la Corte destacó que esta parte patrimonial no puede ser escindida del proceso principal para habilitar la casación. Además, el recurrente no acreditó que la cuantía de la afrenta económica superase 1.000 salarios mínimos legales vigentes, requisito indispensable para que proceda la casación en asuntos patrimoniales según el artículo 338 del Código General del Proceso. Finalmente, la Corte señaló que la negativa de la casación se ajusta a los principios de reserva legislativa y seguridad jurídica, evitando ampliaciones indebidas del recurso extraordinario y respetando la separación de poderes.

Decisión

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia declaró bien denegado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior, no impuso costas y ordenó devolver el expediente a la autoridad judicial de origen. Esta decisión reafirma los límites procesales en materia de estado civil y la estricta procedencia del recurso de casación en Colombia, confirmando la exclusión de la casación para sentencias que resuelvan procesos de separación de cuerpos, aun cuando incluyan aspectos patrimoniales conexos. Con ello, la Corte busca garantizar la estabilidad jurídica y el respeto a las competencias legislativas en materia procesal, evitando interpretaciones extensivas que puedan afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.