Contexto y antecedentes del caso
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, analizó una solicitud presentada en el marco de una acción de tutela promovida contra diversas autoridades judiciales involucradas en un proceso ejecutivo de alimentos. El solicitante cuestionó irregularidades en el manejo del expediente y la medida cautelar de restricción de salida del país, aspectos que fueron previamente estudiados en una sentencia emitida en noviembre de 2025, la cual confirmó la improcedencia del amparo por falta de inmediatez y por considerar razonable la restricción.
Posteriormente, el solicitante presentó un escrito catalogado como derecho de petición, con cuatro solicitudes concretas que pretendían aclarar aspectos específicos de la sentencia, como la identificación del proceso ejecutivo mencionado, la entrega de copias de documentos procesales y la explicación jurídica sobre la posibilidad de revivir una cosa juzgada a través de un expediente paralelo.
Consideraciones jurídicas de la providencia
La Sala enfatizó que dentro de un procedimiento jurisdiccional no es procedente el derecho fundamental de petición, dado que las solicitudes deben tramitarse conforme a las normas procesales específicas aplicables a cada tipo de acción. Por tanto, las peticiones se atendieron bajo las reglas de la acción de tutela y el Código General del Proceso.
Respecto a la naturaleza de las solicitudes, la Sala determinó que no constituían peticiones de aclaración o adición válidas, pues no se dirigían a precisar conceptos o frases dudosas en la parte resolutiva de la sentencia, ni señalaban omisiones relevantes que justificaran una adición al fallo, conforme a los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso.
Asimismo, se aclaró que no era procedente considerar el escrito como un recurso contra la sentencia de segunda instancia. Los únicos mecanismos de defensa permitidos son la impugnación ante el superior funcional inmediato y la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional. Por ello, se ordenó remitir el expediente a esta última corporación para su eventual revisión.
En relación con las solicitudes concretas, la Sala informó que el proceso ejecutivo de alimentos mencionado corresponde al radicado específico que cursa ante el Juzgado Trece de Familia de Medellín. Se ordenó facilitar al solicitante un enlace para acceder al expediente, que incluye la demanda, el mandamiento de pago y demás documentos relevantes. Sin embargo, no se accedió a las demás peticiones, al considerarlas desacuerdos con la sentencia y no solicitudes procesales procedentes.
Decisión final y órdenes impartidas
En consecuencia, la Sala de Casación Civil resolvió:
- Remitir al solicitante el enlace para el acceso al expediente del proceso ejecutivo de alimentos que obra en el archivo correspondiente de la acción de tutela.
- Negar las demás solicitudes formuladas por no cumplir con los requisitos legales para aclaración, adición o recurso procesal.
- Ordenar a la Secretaría remitir el expediente a la Corte Constitucional para su revisión eventual, conforme a lo dispuesto en la sentencia previa.
Esta providencia confirma la rigurosidad en el trámite y la delimitación de los mecanismos procesales disponibles en las acciones de tutela relacionadas con procesos ejecutivos de alimentos, y reafirma la competencia de la Corte Constitucional para la revisión final de estos asuntos, garantizando así el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica en materia de alimentos.
