Contexto y antecedentes procesales

La acción de tutela fue interpuesta en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, con el fin de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La petición se dirigió a dejar sin efecto una providencia de segunda instancia que confirmó la decisión del juzgado de primera instancia de declarar precluida la investigación penal en curso por el delito de homicidio culposo. Inicialmente, la Sala de Casación Penal había rechazado esta tutela por incumplimiento en uno de los requisitos de procedencia: la falta de presentación del poder otorgado por la persona protegida a quien actuaba como apoderada judicial. Contra ese auto de inadmisión se interpuso una impugnación, que fue remitida a la Sala especializada para su estudio.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Sala de Casación Penal recordó que, según los artículos 31, 32, 33 y 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, los mecanismos destinados a controvertir providencias judiciales en el marco de la acción de tutela son limitados. Entre estos se encuentran la impugnación de sentencias y la consulta para los casos de imposición de sanciones por desacato, además de la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. En este caso, el acto cuestionado no fue una sentencia, sino un auto que dispuso el rechazo a la acción de tutela por falta de poder. Por tanto, la impugnación interpuesta contra dicho auto carece de procedencia legal. En consecuencia, la Sala decidió rechazar de plano...