El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respondió a una consulta elevada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia sobre la prescripción en el cobro de las tasas retributivas ambientales. El concepto se fundamenta en la Ley 99 de 1993, el Decreto 3570 de 2011, la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 1076 de 2015, y se pronuncia de manera general y abstracta, sin referirse a casos particulares.

Marco jurídico y definición de tributos

De acuerdo con el artículo 338 de la Constitución Política, solo el Congreso y las autoridades locales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales, regulando elementos esenciales como sujetos, bases gravables y tarifas. El artículo 42 de la Ley 99 de 1993 establece que la utilización de recursos naturales para actividades que generen impactos ambientales está sujeta al pago de tasas retributivas. El Estatuto Tributario, en sus artículos 817 y 818, define que la acción de cobro prescribe a los cinco años desde la fecha en que la declaración tributaria o el acto administrativo adquiere fuerza ejecutoria. Este término puede interrumpirse por notificación de mandamiento de pago, otorgamiento de facilidades, solicitud de concordato o liquidación forzosa, reiniciando el plazo desde tales eventos.

Competencia y procedimiento para la declaratoria de prescripción

La competencia para decretar la prescripción corresponde a los administradores de impuestos o autoridades tributarias, quienes pueden hacerlo de oficio o a petición de parte. En materia ambiental, las autoridades competentes pueden cobrar los créditos exigibles a través de la jurisdicción coactiva, pero esta facultad no implica que el plazo de prescripción sea de 20 o 30 días, que corresponden únicamente al período para el pago voluntario tras la expedición de la factura. Se enfatiza que el plazo para la prescripción de la acción de cobro es independiente y superior a esos plazos, siendo de cinco años. La prescripción extingue la facultad administrativa para iniciar procedimientos de cobro, por lo que es fundamental que los funcionarios encargados del recaudo y gestión tributaria verifiquen su ocurrencia para evitar costos innecesarios y preservar la seguridad jurídica.

Conclusiones

El concepto jurídico ratifica que las tasas retributivas ambientales están sujetas al término de prescripción de cinco años establecido en el Estatuto Tributario. El plazo comienza a contarse desde la ejecutoria del acto administrativo o presentación de la declaración tributaria, y puede interrumpirse según las circunstancias previstas en la norma. La competencia para declarar la prescripción es de las autoridades tributarias, y el cobro coactivo se debe realizar dentro de este marco legal. Este pronunciamiento busca clarificar el tratamiento jurídico de las tasas retributivas y fortalecer la gestión de los recursos públicos en materia ambiental, asegurando así una administración eficiente y respetuosa de los derechos de los contribuyentes y del medio ambiente.