El concepto de abogacía de la competencia analiza en profundidad el proyecto de decreto que busca delimitar el universo de usuarios industriales beneficiarios de la exención tributaria sobre la contribución especial o sobretasa del sector eléctrico. Esta iniciativa pretende focalizar los recursos tributarios en aquellos sectores con mayor vulnerabilidad frente a los costos energéticos, específicamente la industria manufacturera, identificada con los códigos CIIU 101 a 332.

Antecedentes y contexto normativo

El análisis parte de las disposiciones contenidas en varias leyes y decretos, entre ellos la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios y establece principios como la calidad, eficiencia, solidaridad y redistribución en el marco tarifario. La Ley 143 de 1994 y la Ley 1430 de 2010 complementan este marco regulatorio, estableciendo criterios para la contribución del sector eléctrico y la aplicación de exenciones tributarias para usuarios industriales. El Decreto 2860 de 2013 reglamentó parcialmente los parágrafos del artículo 211 del Estatuto Tributario, precisando los usuarios beneficiarios de la exención según su actividad económica principal registrada en el RUT. Posteriormente, la Resolución 000114 de 2020 adoptó la clasificación CIIU Rev. 4 A.C. para efectos tributarios, actualizando los códigos que identifican dichas actividades.

Descripción del proyecto

El proyecto de decreto propone que solo los usuarios industriales cuya actividad económica principal esté clasificada entre los códigos CIIU 101 y 332 (industrias manufactureras) sean beneficiarios de la exención en el pago de la contribución especial o sobretasa del sector eléctrico. De este modo, sectores como agricultura, minería, generación y distribución de energía, edición y construcción quedarían excluidos del beneficio. Además, establece la obligación para los usuarios que modifiquen su actividad económica principal hacia un código beneficiario de informar a la empresa prestadora del servicio para verificar la procedencia del beneficio. Si la actividad no corresponde, la exención no aplicará y se notificará a la DIAN. El decreto entraría en vigencia 45 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Razones para la expedición del proyecto

El regulador señala tres razones principales para esta iniciativa: 1. Sostenibilidad fiscal: Se busca reducir el déficit acumulado del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso, que asciende a más de cinco billones de pesos para 2025, mediante un ahorro estimado en 1,2 billones de pesos anuales. 2. Protección de la competitividad del sector manufacturero: Este sector enfrenta mayor vulnerabilidad ante incrementos en los costos energéticos y opera con márgenes de rentabilidad más reducidos que otros sectores. 3. Transparencia y simplicidad del sistema tributario: La focalización en la industria manufacturera elimina ambigüedades y reduce riesgos de elusión, garantizando un tratamiento tributario objetivo y proporcional.

Análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica

La Superintendencia reconoce que la medida introduce tratos diferenciados entre sectores, pero aclara que tales diferencias son legítimas si se basan en criterios objetivos, proporcionales y orientados al interés público. Se destaca que la focalización es razonable y adecuada, pues responde a la necesidad de mejorar la sostenibilidad fiscal y proteger un sector estratégico con mayor sensibilidad a los costos energéticos. También se verifica que el impacto en los sectores excluidos es limitado en términos de costos totales y que el trato diferencial no genera ventajas arbitrarias dentro de los mercados internos de cada sector. No obstante, se identifica la posibilidad de escenarios intersectoriales donde empresas de diferentes sectores que compiten en un mismo mercado relevante podrían enfrentar tratamientos tributarios distintos. Sin embargo, esto no se considera una distorsión incompatible con la competencia, dado que el trato preferencial está sustentado en razones objetivas y legítimas.

Recomendaciones

Se recomienda diseñar un mecanismo de evaluación ex post para monitorear periódicamente el impacto del proyecto sobre la dinámica económica y la competencia en los mercados. Este monitoreo permitiría ajustar la medida si se identifican efectos adversos no previstos. En conclusión, la Superintendencia considera que el proyecto de decreto es una medida legítima, necesaria, adecuada y proporcional para fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger la competitividad de la industria manufacturera y mejorar la transparencia del sistema tributario. Su implementación contribuirá a un uso más eficiente de los recursos públicos y a un sistema tributario más justo y competitivo, beneficiando al sector productivo y a la economía en general.