Clasificación de inmuebles según uso y volumen de residuos

La Superservicios recordó que la clasificación de los inmuebles para la prestación de servicios públicos domiciliarios debe basarse en el uso del inmueble y la normativa sectorial aplicable. En particular, para el servicio de aseo, los usuarios se dividen en residenciales y no residenciales, estos últimos subdivididos en pequeños y grandes generadores según la cantidad de residuos sólidos producidos. Los locales que ocupen menos de 20 metros cuadrados y produzcan hasta un metro cúbico mensual de residuos pueden ser considerados usuarios residenciales, lo que implica tarifas diferenciadas para efectos de facturación. En cuanto a los servicios de acueducto y alcantarillado, la clasificación se realiza según la actividad desarrollada en el inmueble, distinguiendo entre servicios comerciales, residenciales, especiales, industriales y oficiales. Para pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a viviendas, la facturación residencial aplica si cumplen con condiciones específicas, como estar conectados a la vivienda y tener una acometida de conexión no superior a media pulgada.

Procedimiento para el cambio de uso y reclasificación

No existe un procedimiento legal específico para el cambio de uso del inmueble en la normativa vigente. Por ello, corresponde al prestador establecer este procedimiento en las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos, garantizando el derecho al debido proceso. Esto incluye la realización de visitas técnicas para verificar el uso real del inmueble, con notificaciones previas, derecho a asesoría técnica por parte del usuario, y la documentación formal en actas que deben ser firmadas y entregadas al usuario. Si el usuario no está de acuerdo con la reclasificación, puede presentar reclamaciones y ejercer los recursos administrativos previstos en la Ley 142 de 1994.

Independización de acometidas

La norma establece que por regla general, cada unidad habitacional o unidad no residencial debe contar con una acometida independiente para los servicios de acueducto y alcantarillado, salvo que por razones técnicas no sea posible. El prestador puede exigir la independencia de acometidas cuando lo considere necesario. En inmuebles materialmente divididos, es posible la facturación autónoma e independiente para cada unidad, siempre que se acrediten los criterios regulatorios.

Aplicación de subsidios y obligaciones contractuales

Los subsidios en servicios públicos domiciliarios están destinados exclusivamente a usuarios residenciales y rurales de los estratos 1 y 2, y eventualmente al estrato 3 según lo definan las comisiones de regulación. La transferencia de recursos para subsidios debe estar garantizada mediante contratos o convenios entre las entidades territoriales y los prestadores de servicios. La falta de estos contratos no exime del cumplimiento de la obligación constitucional y legal de otorgar subsidios. Finalmente, la Superservicios pone a disposición un portal para consulta de normativa, jurisprudencia y conceptos jurídicos relacionados con los servicios públicos domiciliarios, facilitando el acceso a información actualizada para usuarios y prestadores. Este concepto busca brindar claridad y seguridad jurídica en la clasificación y facturación de los servicios públicos domiciliarios, promoviendo la transparencia y el respeto al debido proceso en las relaciones entre prestadores y usuarios, contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.