Entidades y normatividad involucradas

La Resolución 02695 de 2025 fue emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 100 de 1993, el Decreto 4107 de 2011 y la Ley 2294 de 2023. Esta norma modifica los artículos 13 y 14 de la Resolución 2169 de 2023, previamente ajustada por la Resolución 2621 de 2024, y regula aspectos relacionados con la ejecución de recursos asignados mediante la Resolución 2360 de 2016.

Tema principal y destinatarios

El asunto principal de la resolución es la modificación de los plazos para la presentación de solicitudes de asignación y la redistribución de recursos financieros que cubren la deuda acumulada por la atención en salud a población migrante no afiliada. Los destinatarios son las entidades territoriales, que incluyen departamentos y distritos, responsables de presentar propuestas para el uso de estos recursos. Este grupo es relevante dado que son los encargados de gestionar y ejecutar los fondos en sus jurisdicciones.

Objetivo de la resolución

La finalidad de la norma es prorrogar los plazos establecidos para la presentación y evaluación de propuestas de asignación de recursos no ejecutados, garantizando así la continuidad en la ejecución de los mismos. Esto busca evitar la pérdida o mal uso de los recursos destinados a la atención sanitaria de población migrante no afiliada y facilitar la correcta gestión administrativa de las entidades territoriales.

Principales disposiciones

• Modificación del artículo 13: Se extiende el plazo máximo para que las entidades territoriales presenten sus propuestas de asignación de recursos hasta el 31 de diciembre de 2027, en lugar del 31 de diciembre de 2025 previsto anteriormente.
• Modificación del artículo 14: Se amplía el plazo para la redistribución de los recursos no ejecutados hasta el 31 de mayo de 2028. Pasada esta fecha, los recursos remanentes serán redistribuidos entre departamentos y distritos según criterios definidos por el Ministerio de Salud, conforme a la normativa vigente.
• Se establece un procedimiento para la revisión de solicitudes, donde la Dirección de Financiamiento Sectorial comunicará a las entidades territoriales cualquier error para que sea corregido en un plazo máximo de diez días hábiles, bajo riesgo de desistimiento en caso de incumplimiento.

Base legal y vigencia

La resolución se fundamenta en el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el numeral 21 del artículo 2 del Decreto 4107 de 2011, y el artículo 155 de la Ley 2294 de 2023, además de la Ley 1797 de 2016 y la Resolución 2360 de 2016. Esta norma modifica expresamente los artículos 13 y 14 de la Resolución 2169 de 2023, modificados a su vez por la Resolución 2621 de 2024. La resolución entra en vigor a partir de su publicación.

Impacto potencial

La prórroga establecida por esta resolución permitirá a las entidades territoriales continuar con la gestión y ejecución de recursos financieros destinados a cubrir la deuda acumulada por servicios y tecnologías en salud prestados a población migrante no afiliada. Esto contribuye a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de salud en relación con esta población y a optimizar el uso de los recursos públicos, evitando su devolución o pérdida por falta de ejecución en los plazos anteriores.

Aspecto	Antes	Después
Plazo para presentación de propuestas	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2027
Plazo para redistribución de recursos no ejecutados	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2028
Revisión y corrección de solicitudes	No especificado	Correcciones en máximo 10 días hábiles

En conclusión, la modificación de los plazos para la asignación y redistribución de recursos financieros destinados a la atención de población migrante no afiliada representa un avance importante para garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución de estos fondos. Este ajuste normativo permitirá a las entidades territoriales optimizar la gestión de los recursos, asegurando una mejor cobertura y atención en salud para esta población vulnerable, y contribuyendo a la estabilidad financiera del sistema de salud en Colombia.