Entidad emisora, número y fecha de la resolución

La resolución fue expedida por la Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución N.º 311, con fecha del 5 de noviembre de 2025. Esta norma modifica la Resolución N.º 377 de 2022, que regula la asignación de funciones y competencias dentro de la entidad, así como su organización interna.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de la resolución es la reasignación de la función de intervención como Ministerio Público en los procesos disciplinarios que adelanta la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El destinatario principal de esta norma son las Procuradurías Delegadas dentro de la Procuraduría General de la Nación, en particular aquellas encargadas de la vigilancia administrativa y disciplinaria. Este grupo es fundamental, pues su labor directa influye en la supervisión y control de la conducta de los funcionarios judiciales y administrativos, afectando el correcto funcionamiento del sistema de justicia.

Objetivo de la resolución

La finalidad es ajustar la asignación de competencias para la intervención ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tras la supresión de una Procuraduría Delegada específica. De esta manera, se busca mantener la continuidad y eficacia en la defensa del orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales dentro de los procesos disciplinarios.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución modifica el parágrafo del artículo 3 de la Resolución N.º 377 de 2022, estableciendo que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 4.ª para la Vigilancia Administrativa asumirá la intervención como Ministerio Público en los procesos ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuando sea necesario proteger el orden jurídico, el patrimonio público o los derechos fundamentales. Además, se indica que el Viceprocurador General de la Nación podrá asumir preferentemente dicha intervención cuando lo considere pertinente, conforme a sus facultades legales. Asimismo, la intervención que estaba a cargo de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 9.ª para la Contratación Estatal será asumida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 4.ª para la Vigilancia Administrativa, debido a la supresión de la primera. Los demás artículos y modificaciones de la Resolución N.º 377 de 2022 permanecen vigentes. La resolución entrará en vigencia a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Base legal y modificaciones previas

La resolución se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, en particular los artículos 275 y 277 de la Constitución Política, que establecen las funciones y autoridad del Procurador General de la Nación. También se basa en el Decreto Ley 262 de 2000 y sus modificaciones por el Decreto Ley 1851 de 2021, que regulan las funciones del Ministerio Público y la organización de la Procuraduría. Esta resolución modifica y actualiza las asignaciones establecidas en las resoluciones anteriores (N.º 377 de 2022, 181 de 2023, 41 de 2024, 233 de 2024 y 277 de 2025), adaptando la estructura y distribución de funciones a las necesidades actuales de la entidad.

Impacto potencial

Con esta modificación, la Procuraduría General de la Nación busca optimizar la intervención disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, asegurando que los procesos de vigilancia y control se desarrollen bajo criterios de especialidad y eficiencia. La reasignación de competencias contribuye a fortalecer la defensa del orden jurídico y la protección del patrimonio público y los derechos fundamentales, aspecto clave para la confianza ciudadana en el sistema judicial y administrativo. En definitiva, la resolución representa un paso relevante en la reorganización interna del Ministerio Público, orientada a mejorar sus funciones de control disciplinario y vigilancia preventiva, consolidando así un sistema más transparente y eficaz en la administración de justicia.