Entidad emisora, número y fecha de la resolución

La resolución fue emitida por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución No. 319, con fecha del 18 de diciembre de 2025. Este acto administrativo se enmarca en las facultades constitucionales y legales conferidas al Procurador General, en especial las contempladas en el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto-Ley 262 de 2000.

Tema principal y destinatarios

La resolución regula la asignación de funciones especiales de intervención en las actuaciones administrativas que adelante el Consejo Nacional Electoral para decidir sobre la revocatoria de la inscripción de candidatos a las elecciones al Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Está dirigida principalmente a los procuradores judiciales que actuarán como agentes del Ministerio Público en este proceso, así como al propio Consejo Nacional Electoral. Este grupo es relevante debido a su rol en la supervisión de la legalidad en el proceso electoral y la protección del derecho fundamental de postulación.

Objetivo y finalidad de la resolución

El objetivo es designar a funcionarios idóneos para ejercer la función del Ministerio Público durante el trámite administrativo de revocatoria de inscripción de candidaturas. Esta asignación busca apoyar la función de intervención en las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, garantizando una vigilancia efectiva y el cumplimiento de las disposiciones legales sobre inhabilidades de candidatos.

Decisiones y regulaciones principales

La resolución asigna, de manera específica, a varios procuradores judiciales II administrativos como interventores ante el Consejo Nacional Electoral, detallando su respectivo departamento, circuito o ciudad de actuación. En caso de excusa, impedimento o incompatibilidad de alguno de ellos, se establece un grupo alternativo de procuradores judiciales para suplir dichas funciones. Además, se determina la obligación de los procuradores designados de informar de manera permanente a la Comisión Nacional de Control Electoral sobre el desarrollo de sus funciones en el trámite de revocatoria de inscripción. Se establece también que los funcionarios designados deben comunicar de inmediato su asignación al despacho de conocimiento y rendir informes al despacho del Procurador General de la Nación para efectos de control de gestión.

Base legal y relación con normativas previas

La resolución se fundamenta en el artículo 277 de la Constitución Política, en el parágrafo del artículo 7 del Decreto-Ley 262 de 2000, y en las atribuciones del Consejo Nacional Electoral previstas en el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política. Asimismo, se hace referencia a la Resolución No. 086 del 24 de abril de 2025 y la Resolución No. 277 del 8 de octubre de 2025, que reglamentan el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral y la Comisión Nacional de Control Electoral. La medida atiende al cumplimiento del artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, que establece la verificación de posibles causales de inhabilidad de los candidatos inscritos.

Plazos y términos relevantes

En concordancia con el calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que estableció el 15 de diciembre de 2025 como plazo máximo para la modificación de inscripciones de candidatos, la resolución se expide para asegurar la debida intervención en las actuaciones administrativas previas a este término, garantizando así el respeto a los plazos legales en el proceso electoral.

Impacto potencial

Esta resolución busca fortalecer el control y la vigilancia electoral en un periodo crucial previo a las elecciones legislativas, asegurando que los procesos relacionados con la inscripción y posible revocatoria de candidaturas se realicen con apego a la ley y bajo la supervisión efectiva del Ministerio Público. De esta forma, se contribuye a la transparencia y legitimidad del proceso electoral y a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos participantes. Con esta medida, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la democracia y la legalidad, promoviendo un ambiente electoral justo y equitativo que permita a los ciudadanos elegir libremente a sus representantes para el periodo 2026-2030.