Contexto y tribunal

La providencia fue emitida por la Sala Quinta Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en primera instancia, en el marco de una acción de tutela radicada bajo el número 11001220300020250369000. La acción fue promovida por una sociedad de factoring y dos personas naturales contra la Superintendencia de Sociedades, específicamente contra la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia y el Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se origina en un proceso de reorganización empresarial iniciado en 2013 para una sociedad concursada que se acogió a la Ley 1116 de 2006. En el acuerdo inicial y su reforma de 2016, se estableció la exclusión del pago de intereses para acreencias distintas a la primera clase, sin mencionar la actualización por inflación (indexación). Posteriormente, la sociedad de factoring y las dos personas naturales adquirieron créditos mediante cesión y reclamaron la actualización de dichos créditos por inflación en pagos realizados durante más de diez años, alegando que la falta de indexación generaba un desequilibrio patrimonial. En 2024, la sociedad concursada solicitó la terminación del proceso por cumplimiento del acuerdo, petición a la que los accionantes se opusieron argumentando la vulneración de derechos fundamentales como el derecho de propiedad y el principio de pago completo, basado en el artículo 1649 del Código Civil y el artículo 58 de la Constitución Nacional. La Superintendencia de Sociedades emitió dos autos en 2025 negando la inclusión de la indexación, argumentando que no fue pactada en el acuerdo inicial ni en su reforma y que aplicar la indexación retroactivamente afectaría la seguridad jurídica del acuerdo aprobado por mayoría.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario para proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales o estos resultan ineficaces. En materia judicial, la tutela no es la vía adecuada para revisar decisiones judiciales o administrativas que se ajusten a la ley, salvo que exista una arbitrariedad grave o desviación manifiesta del ordenamiento jurídico. En el análisis del caso concreto, el tribunal constató que el acuerdo de reorganización empresarial fue aprobado conforme a la normativa vigente y que la exclusión de la indexación fue producto de una negociación libre y válida entre las partes, lo que garantiza la seguridad jurídica y el equilibrio contractual. Además, la Superintendencia actuó conforme a este acuerdo y no incurrió en arbitrariedad ni desviación caprichosa en sus decisiones. Por lo tanto, la acción de tutela no procedía para modificar el contenido de un acuerdo aprobado y ejecutado bajo criterios distintos a los invocados por los accionantes. El tribunal concluyó que no hubo vulneración de derechos fundamentales y negó el amparo solicitado.

Decisión y notificación

La Sala Quinta Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió negar la acción de tutela. Además, ordenó notificar esta providencia a las partes y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La decisión fue adoptada en sesión del 16 de enero de 2026 y notificada el 19 de enero de 2026. Este fallo reafirma la importancia de respetar los acuerdos de reorganización empresarial celebrados conforme a la ley y delimita la procedencia de la acción de tutela en materia concursal, manteniendo el equilibrio entre la autonomía de las partes y la protección de derechos fundamentales. Con esta decisión, se fortalece la seguridad jurídica en los procesos concursales y se establece un precedente claro sobre los límites del mecanismo de tutela en estos contextos.