Contexto y naturaleza de la decisión

El Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá, en primera instancia, profirió un auto el 28 de enero de 2026, mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela presentada en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Fundación Universitaria del Área Andina. La acción de tutela fue interpuesta por una ciudadana que alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y derecho de petición, en el marco de un proceso de selección para el cargo de Gestor III en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, inscrita en el proceso de selección número 2667 de la DIAN, superó los requisitos mínimos y las pruebas escritas, pero cuestionó la valoración de sus antecedentes. En particular, alegó que la entidad encargada de la valoración, a través del operador académico, omitió puntuar tres soportes de formación académica, específicamente títulos de especialización y maestría en Gerencia del Talento Humano, indispensables para el cargo según la ficha del empleo. La reclamación administrativa presentada fue negada sin responder adecuadamente a los argumentos, según la accionante, afectando el derecho de petición y el principio de mérito. Por su parte, la CNSC y la Fundación Universitaria del Área Andina defendieron la legalidad y transparencia del proceso, señalando que la valoración se realizó conforme a los criterios establecidos en la convocatoria y que no existía relación directa entre los títulos aportados y las funciones del cargo, por lo que no procedía la valoración solicitada.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El despacho judicial analizó su competencia conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al Decreto 2591 de 1991, confirmando que puede conocer la acción de tutela contra entidades del orden nacional. Sin embargo, enfatizó el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, que exige agotar previamente los recursos ordinarios o extraordinarios disponibles, salvo que exista un perjuicio irremediable o que los medios ordinarios sean ineficaces para proteger el derecho. En el caso, se constató que la accionante no había agotado la vía contencioso-administrativa, que es el mecanismo idóneo y competente para controvertir actos administrativos como los proferidos en el concurso de méritos. Además, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la tutela como mecanismo transitorio. La decisión destacó que la acción de tutela no debe ser utilizada como un mecanismo alternativo o sustituto de los procesos ordinarios establecidos para la defensa de derechos en materia administrativa. Por tanto, la improcedencia se basó en la ausencia del requisito de subsidiariedad y en la posibilidad de que la parte afectada recurra ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Conclusión y efectos de la providencia

El Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá resolvió declarar improcedente la acción de tutela, ordenando notificar a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión. La providencia confirma la aplicación estricta del principio de subsidiariedad en materia de tutela y reafirma la importancia de agotar los recursos judiciales ordinarios antes de acudir a mecanismos de protección constitucional. Esta decisión subraya la distinción entre los diferentes mecanismos judiciales disponibles para la defensa de derechos y la necesidad de respetar los procedimientos establecidos para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica en la administración pública. En consecuencia, se invita a la accionante a continuar su reclamo a través de los canales ordinarios competentes, asegurando así la adecuada tutela de sus derechos dentro del marco legal vigente.