Contexto y marco normativo del proyecto de decreto

El proyecto de decreto, anunciado en enero de 2026 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, buscaría modificar el régimen arancelario y aduanero en respuesta a la imposición por parte de Ecuador de una "tasa de seguridad" del 30% a productos colombianos. Esta medida ecuatoriana se consideraría un incumplimiento del Acuerdo de Cartagena y de compromisos internacionales suscritos por ambos países en el marco de la Comunidad Andina (CAN) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El proyecto se fundamentaría en las facultades presidenciales conferidas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1609 de 2013, y los artículos pertinentes del Acuerdo de Cartagena y el GATT.

Propósito y grupos afectados

El propósito principal del proyecto sería instaurar medidas arancelarias recíprocas y restricciones comerciales dirigidas a productos originarios y provenientes de Ecuador. Se buscaría proteger la producción nacional colombiana y la seguridad nacional frente a afectaciones comerciales que han generado un desequilibrio en las condiciones de competencia bilateral. Los sectores afectados incluyen industrias exportadoras, agropecuarias, acuícolas y productoras de bienes estratégicos para la seguridad alimentaria, tales como arroz, plátanos, banano bocadillo, aguacate Hass, cebolla, tomate, fríjol, maracuyá y productos pesqueros, entre otros. Además, la medida atendería riesgos fitosanitarios, sanitarios y de seguridad asociados al ingreso irregular de mercancías.

Medidas y cambios planteados en el proyecto

El proyecto impondría un arancel recíproco del 30% ad valorem a 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas correspondientes a productos ecuatorianos. Asimismo, establecería restricciones estrictas al ingreso de mercancías por los cruces fronterizos terrestres en las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales y Puerto Asís, prohibiendo la entrada bajo cualquier régimen aduanero de ciertos productos agropecuarios frescos y otros bienes específicos, incluidos insumos utilizados en la producción de fentanilo. Se contemplaría la aprehensión de mercancías y medios de transporte que incumplieran las medidas establecidas, sin posibilidad de regularización mediante declaración de legalización o reembarque.

Acciones específicas y supervisión

Las medidas incluirían el fortalecimiento de controles aduaneros, fitosanitarios y sanitarios en las zonas fronterizas, con especial atención a la trazabilidad e inocuidad de los productos importados. Se enfatizaría la coordinación interinstitucional para combatir el contrabando y prevenir riesgos sanitarios y fitosanitarios, particularmente en cultivos y productos estratégicos para la seguridad alimentaria y la economía rural nacional. El proyecto también consideraría la comunicación formal a la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena, en cumplimiento de las disposiciones internacionales.

Participación de actores clave

La implementación y supervisión del proyecto involucrarían a diversas entidades estatales, principalmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y otros organismos relacionados con la seguridad nacional y la producción agropecuaria. Además, se incluirían actores del sector productivo como asociaciones y gremios que han manifestado preocupaciones respecto al contrabando y la competencia desleal.

Información adicional y participación ciudadana

Aunque el proyecto de decreto se sometería a una publicación excepcional y con un periodo reducido de comentarios debido a la urgencia y necesidad de proteger la seguridad nacional, se contempla la posibilidad de que la ciudadanía acceda al texto completo para presentar observaciones dentro del término establecido, en cumplimiento con la normatividad vigente sobre regulación y participación pública.