Contexto y emisión de la resolución

La Resolución 4806 de 2026, publicada en el Diario Oficial No. 53.383 el 30 de enero de 2026, fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por el artículo 152 de la Ley 2010 de 2019 y el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011. Su finalidad principal es fijar el valor de la tasa establecida para el trámite de control previo de integraciones empresariales.

Tema principal y destinatarios

El tema central de esta resolución es la actualización y establecimiento de valores para la tasa que deben pagar las empresas que soliciten la autorización para procesos de integración empresarial, es decir, fusiones, adquisiciones u otras formas de concentración de mercado que requieren control previo. Los destinatarios principales son las empresas interesadas en realizar estas integraciones, así como los agentes económicos que participan en tales procesos, dado que el pago de la tasa es un requisito obligatorio para la tramitación administrativa.

Objetivo y fundamento normativo

El objetivo de la resolución es actualizar el valor de las tasas de forma proporcional a los costos que la entidad incurre en la prestación del servicio de control previo, atendiendo a lo estipulado en la Ley 2010 de 2019 y acatando los lineamientos de la Corte Constitucional, que establece que las tasas deben corresponder a los costos y no generar utilidades al Estado. Además, se busca mantener la equidad tributaria mediante tarifas diferenciadas según el tamaño y capacidad económica de las empresas involucradas.

Principales decisiones y tarifas establecidas

La resolución define los valores específicos para cada etapa del trámite administrativo de control previo de integraciones empresariales, los cuales se ajustan anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE, sin exceder el porcentaje de variación de dicho índice.

• Notificación: La tasa para esta etapa se fija en $3.779.755 COP.
• Pre-evaluación Fase I: El valor correspondiente es de $20.487.673 COP.
• Pre-evaluación Fase II: Se establece una tarifa progresiva basada en los ingresos operacionales o activos totales conjuntos de las empresas interesadas:
  • Para ingresos o activos iguales o superiores a tres veces el umbral legal: $53.930.784 COP.
  • Para ingresos o activos entre dos y tres veces el umbral: $45.837.052 COP.
  • Para ingresos o activos entre el umbral y dos veces este valor: $37.743.371 COP.

Estos valores deben ser cancelados previamente a la presentación de la solicitud correspondiente y no son reembolsables.

Base legal y ajustes previos

La resolución se fundamenta en el artículo 152 de la Ley 2010 de 2019, el artículo 4° de la Ley 155 de 1959 modificado por la Ley 1340 de 2009, y en el Decreto 4886 de 2011. Además, sigue los criterios establecidos por la Corte Constitucional en sus sentencias C-278 de 2019 y C-117 de 2018 sobre la proporcionalidad y equidad tributaria. Esta actualización continúa la línea de ajustes anuales realizados en resoluciones anteriores (2103 de 2021, 916 de 2022, 632 de 2023, 17526 de 2024 y 1111 de 2025), tomando en cuenta el IPC y los costos reales de la prestación del servicio.

Impacto y vigencia

Con esta resolución, la Superintendencia garantiza que las tasas reflejen adecuadamente los costos asociados a los diferentes niveles de complejidad de los procedimientos de control previo, promoviendo una distribución equitativa de las cargas financieras entre las empresas según su tamaño y capacidad económica. La actualización anual permite mantener la vigencia de la tasa en línea con la inflación y condiciones económicas actuales. La resolución entra en vigor desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y es aplicable exclusivamente a los trámites iniciados con posterioridad a esta fecha, asegurando así la claridad y previsibilidad para los actores económicos involucrados en procesos de integración empresarial. Con esta medida, se espera fortalecer el control y supervisión de las integraciones empresariales en Colombia, facilitando un ambiente competitivo y transparente que beneficie a los consumidores y al mercado en general.