Entidades emisoras y contexto normativo

La Resolución 40098 fue emitida conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, con fecha de emisión del 29 de enero de 2026 y publicada en el Diario Oficial número 53.386 el 2 de febrero de 2026. Este acto administrativo se enmarca en un conjunto de normas que facultan a dichas entidades para regular aspectos relacionados con la distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo, especialmente en zonas de frontera como el departamento de Nariño.

Tema principal y destinatarios

El principal objeto de la resolución es establecer el precio de referencia de venta al público para dos tipos de combustibles: la gasolina motor corriente oxigenada y el ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, destinados a ser distribuidos en los municipios del departamento de Nariño. El grupo destinatario incluye tanto los distribuidores y comercializadores de estos combustibles como los consumidores finales en esta región fronteriza. La regulación responde a la importancia de controlar los precios en zonas donde la cercanía con otros países puede generar distorsiones en el mercado local.

Objetivo y finalidad de la resolución

La resolución tiene como finalidad principal establecer un régimen tarifario que fije precios máximos de referencia para los combustibles mencionados, con el fin de garantizar la estabilidad en el suministro y la accesibilidad económica de estos insumos en Nariño. Además, busca armonizar estos precios con las estructuras tarifarias previamente establecidas y con las modificaciones recientes en los ingresos al productor de combustibles fósiles y biocombustibles.

Decisiones y regulaciones principales

Entre las regulaciones clave, la resolución fija para el municipio de Pasto un precio máximo de referencia de $13.747 por galón para la gasolina motor corriente oxigenada, y de $10.338 por galón para el ACPM mezclado con biocombustible. Estos precios se aplican al volumen máximo de combustible con beneficios tributarios asignado a este municipio. Además, se establece que estos precios podrán ser reajustados en caso de modificaciones en el porcentaje de mezcla de biocombustibles o frente a contingencias que afecten la continuidad del suministro. Para los demás municipios de Nariño, la fijación del precio máximo de referencia deberá considerar los valores establecidos por las autoridades municipales para el transporte de combustible desde la planta mayorista hasta las estaciones de servicio, así como las condiciones propias del volumen con beneficios tributarios asignado.

Fundamento legal y modificaciones previas

La resolución se sustenta en múltiples normas, entre ellas la Ley 26 de 1989, que faculta al Gobierno para regular aspectos relacionados con la distribución de combustibles; la Ley 191 de 1995, que establece políticas para las zonas de frontera; la Ley 1430 de 2010, que permite definir esquemas regulatorios en estas zonas; y la Ley 1955 de 2019, junto con sus modificaciones recientes en la Ley 2294 de 2023, que asignan a los ministerios competentes la responsabilidad de establecer metodologías tarifarias para combustibles. También se apoya en la Ley 2135 de 2021, que regula los regímenes de precios con beneficios tributarios en zonas de frontera. Esta resolución deroga la Resolución 40618 de diciembre de 2025, actualizando los precios de referencia conforme a las nuevas condiciones de mercado y regulaciones vigentes.

Vigencia y alcance

La resolución entra en vigor el 1° de febrero de 2026 y su aplicación es obligatoria para los actores del mercado de combustibles en el departamento de Nariño. Su implementación busca facilitar un mercado competitivo y estable, protegiendo tanto a consumidores como a distribuidores, especialmente en un contexto de zonas de frontera donde la regulación y control de precios adquieren especial relevancia.

Impacto potencial

Al establecer precios máximos de referencia acordes con las condiciones locales y con beneficios tributarios, esta regulación puede contribuir a evitar distorsiones de mercado, promover la continuidad del suministro y asegurar una competencia leal en la distribución de combustibles. Asimismo, refleja el compromiso del Estado de atender las particularidades económicas y sociales de las zonas fronterizas, incentivando el desarrollo económico y la estabilidad en estas regiones.