Contexto y entidades emisoras

La Resolución 0-0003, emitida el 5 de enero de 2026 y publicada en el Diario Oficial No. 53.389 el 4 de febrero de 2026, fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Su expedición responde a mandatos legales previos como el Decreto Ley 016 de 2014, la Ley 1221 de 2008 sobre teletrabajo, y recientes disposiciones sobre la administración pública y la justicia, entre otros.

Objeto y alcance de la resolución

El principal propósito de esta resolución es adoptar una política interna de teletrabajo que permita a los servidores públicos de la Fiscalía desempeñar sus labores mediante el uso de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), sin necesidad de presencia física constante en las instalaciones. La norma aplica a los servidores vinculados a la planta de personal que voluntariamente soliciten acogerse a esta modalidad y que cumplan con los requisitos establecidos.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución establece que la modalidad presencial sigue siendo la regla general, y el teletrabajo se implementará de forma excepcional y bajo la modalidad híbrida. Se define qué empleos o cargos son teletrabajables y cuáles no, destacando que cargos directivos, roles que exigen atención presencial o manejo de información sensible están excluidos del teletrabajo. Para acceder al teletrabajo, los servidores deben cumplir condiciones específicas, como antigüedad mínima de cinco años, calificaciones sobresalientes, y no estar vinculados a procesos penales o disciplinarios. También es obligatoria la existencia de un lugar adecuado para el teletrabajo con condiciones de seguridad y salud certificadas, y la disponibilidad de conexión a internet con velocidad mínima garantizada. Se crea un Comité de Coordinación y Seguimiento de Teletrabajo, integrado por diferentes departamentos de la Fiscalía y representantes de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), encargado de analizar solicitudes, supervisar la implementación y resolver conflictos relacionados con el teletrabajo. El procedimiento para acceder a esta modalidad incluye convocatoria anual, postulación, verificación técnica y médica, y autorización formal mediante acto administrativo. Se contempla un plazo máximo de un año para la duración del teletrabajo, tras el cual el servidor debe retornar a la presencialidad a menos que participe en una nueva convocatoria.

Derechos, obligaciones y responsabilidades

Los servidores con teletrabajo mantienen sus beneficios salariales, acceso a capacitaciones, y el derecho a la desconexión laboral. Deben firmar acuerdos de voluntades que regulan días y condiciones laborales, y cumplir con obligaciones relacionadas con reporte de actividades, uso responsable de información, seguridad informática, y participación en actividades de prevención y bienestar. La entidad se reserva el derecho de revocar el teletrabajo unilateralmente por diversos motivos, entre ellos necesidades del servicio, incumplimiento de compromisos, o condiciones inadecuadas en el domicilio del servidor.

Fundamentos legales y vigencia

La resolución se sustenta en diversas normas nacionales, como la Constitución Política, Ley 1221 de 2008, Decreto 1072 de 2015 y sus modificaciones, Ley 2213 de 2022, y sentencias de la Corte Constitucional y pronunciamientos del Consejo de Estado. Asimismo, toma en cuenta conceptos jurídicos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y lineamientos del Ministerio de Trabajo. La norma deroga cualquier disposición previa en materia de teletrabajo interna y establece un plazo de cuatro meses para su implementación a partir de su comunicación oficial.

Impacto potencial

Esta política representa un avance significativo en la modernización laboral dentro de la Fiscalía, promoviendo el uso adecuado de las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los servidores, optimizar recursos y garantizar la continuidad y eficiencia del servicio público. Además, incorpora garantías laborales y mecanismos de control que buscan equilibrar la flexibilidad del teletrabajo con la responsabilidad institucional. De esta manera, la Fiscalía General de la Nación establece un marco jurídico claro y riguroso para la implementación del teletrabajo, acorde con las tendencias actuales y las exigencias legales, que impactará tanto a los servidores públicos como a la gestión pública en general, promoviendo un ambiente laboral más flexible y adaptado a las necesidades del siglo XXI.