Contexto y características generales de la gaceta

La Gaceta del Congreso Nº 79 fue publicada el 2 de febrero de 2026 por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado y la Cámara de Representantes. Se centra en la discusión del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado y 398 de 2024 Cámara, que establece las competencias de la jurisdicción agraria y rural, el procedimiento especial agrario y rural y otras disposiciones asociadas. La publicación recoge documentos oficiales, actas de sesiones conjuntas y la transcripción de una audiencia pública mixta que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2024, en modalidad presencial y virtual.

Proyecto de ley

El proyecto de ley objeto de análisis busca reglamentar la jurisdicción agraria y rural, estableciendo jueces especializados y procedimientos que atiendan las particularidades del campo colombiano. Sus objetivos incluyen garantizar el acceso a la justicia para campesinos, pueblos étnicos y comunidades rurales, proteger derechos de propiedad, posesión y tenencia de la tierra, así como regular actividades productivas y contractuales vinculadas al sector agrario. La iniciativa está motivada por el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016, la Ley Estatutaria de Reforma Rural Integral y la necesidad de superar décadas de conflictividad agraria.

Actas de comisión e informes de ponencia

La gaceta incluye actas detalladas de la audiencia pública conjunta de las Comisiones Primeras, en la que participaron congresistas, representantes de organismos estatales, académicos, gremios, organizaciones campesinas y expertos en derecho agrario. Los informes de ponencia reflejan posiciones diversas sobre los alcances y contenido del proyecto, señalando puntos de consenso y discrepancias, especialmente en cuanto a la definición de competencias entre la Agencia Nacional de Tierras y los jueces agrarios, la inclusión de principios sustantivos en la ley, y el ámbito material de la jurisdicción.

Intervenciones en la audiencia pública

El documento recoge extensas intervenciones de múltiples actores:

• Representantes de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos destacaron la importancia del proyecto para proteger a poblaciones vulnerables y facilitar el acceso a la justicia agraria, aunque plantearon observaciones sobre el principio de permanencia agraria y la necesidad de consulta previa para pueblos étnicos.
• Académicos y docentes universitarios argumentaron la pertinencia de incluir principios jurídicos en la ley y la necesidad de que la jurisdicción agraria abarque tanto la tenencia de la tierra como las relaciones de producción agropecuaria, en coherencia con precedentes jurisprudenciales.
• Representantes gremiales expresaron preocupaciones sobre la ampliación del ámbito jurisdiccional a asuntos no estrictamente agrarios, la presunción de veracidad en favor de la parte débil, y la transferencia de competencias administrativas a la Agencia Nacional de Tierras sin control judicial automático, advirtiendo posibles riesgos a la seguridad jurídica y la inversión.
• Funcionarios del Gobierno y de la Agencia Nacional de Tierras defendieron la propuesta destacando la celeridad en los procesos administrativos y la importancia de la jurisdicción agraria para implementar la reforma rural integral y resolver conflictos históricos.
• Organizaciones campesinas y sociales manifestaron respaldo al proyecto, enfatizando la necesidad de justicia en el campo para superar décadas de conflicto armado y desigualdad estructural.
• Juristas y expertos en derecho procesal plantearon la importancia de contar con procedimientos claros, ágiles y adecuados para evitar congestión judicial y conflictos de competencia con otras jurisdicciones.

Cartas, adhesiones y otros documentos parlamentarios

La gaceta también incluye comunicaciones oficiales, conceptos de la Corte Suprema de Justicia, resoluciones de la Mesa Directiva convocando a la audiencia pública y un listado de documentos radicados durante el proceso, que complementan el contenido legislativo y aportan información sobre la participación ciudadana y técnica en el debate.

Listado resumido de documentos principales incluidos

Tipo de documento	Descripción	Fecha
Proyecto de Ley 183 Senado / 398 Cámara	Reglamenta la jurisdicción agraria y rural, establece competencias y procedimientos.	2024
Actas de Comisión	Registro de la audiencia pública conjunta mixta y sesiones relacionadas.	18 de noviembre de 2024
Informes de ponencia	Análisis técnicos y jurídicos sobre el proyecto, con recomendaciones y posiciones.	2024-2025
Intervenciones de expertos y organizaciones	Opiniones y aportes de academia, gremios, entidades estatales y sociedad civil.	18 de noviembre de 2024
Resoluciones de Mesa Directiva	Convocatorias y reglas para la audiencia pública y trámite legislativo.	2024

Temas destacados y vigencia parlamentaria

El debate parlamentario se centra en aspectos cruciales para la justicia agraria: la definición precisa del ámbito competencial judicial y administrativo; la inclusión de principios agrarios que orienten la interpretación normativa; la garantía de los derechos fundamentales y el debido proceso; y la articulación con la reforma rural integral y el Acuerdo de Paz. Se subraya la necesidad de construir una jurisdicción especializada que permita resolver de manera eficiente y justa los conflictos agrarios que afectan a millones de colombianos. La gaceta evidencia que, a pesar de las diferencias, existe un consenso amplio sobre la urgencia de implementar esta jurisdicción, aunque se plantean reparos técnicos, jurídicos y políticos que deben ser considerados en el trámite para fortalecer la propuesta legislativa. La publicación sirve como documento base para el conocimiento público y la reflexión sobre un tema de gran impacto social y jurídico en Colombia. --- Esta edición de la Gaceta del Congreso Nº 79 es un aporte fundamental para entender el proceso legislativo en materia agraria y para fomentar un debate informado y plural en torno a la justicia en el campo colombiano. Su contenido ofrece una visión integral de los retos y oportunidades que implica la creación de una jurisdicción agraria y rural especializada, contribuyendo así a la construcción de paz y desarrollo rural sostenible en el país.