Providencia emitida en segunda instancia por el Consejo de Estado

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante auto para mejor proveer, intervino en el trámite de una acción de cumplimiento promovida contra la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA). Esta providencia se profirió en el marco de la segunda instancia del proceso, tras la impugnación de la decisión inicial emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Antecedentes del caso

La acción de cumplimiento fue instaurada por una ciudadana en contra de la ANLA con el propósito de que se ordenara el cumplimiento del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, relacionado con la liquidación de la inversión forzosa del 1% correspondiente al Proyecto Hidroeléctrico Ituango. La demandante solicitó que la entidad accionada realizara dicho procedimiento conforme a la Ley 99 de 1993, el Decreto 1900 de 2006, el Decreto 1076 de 2015 y el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, admitió la acción y ordenó la notificación de la ANLA y del Procurador Judicial Delegado. Posteriormente, dispuso la vinculación de la Sociedad Hidroeléctrica vinculada al proyecto para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, ordenando su notificación personal. Sin embargo, en sentencia del 9 de diciembre de 2023, el tribunal declaró improcedente la acción por considerar que la demandante contaba con otro medio de control, el de nulidad y restablecimiento del derecho, para discutir las decisiones administrativas particulares sobre la liquidación de la inversión forzosa que la ANLA había adoptado. Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue concedido, y el expediente fue remitido al Consejo de Estado para su estudio en segunda instancia.

Consideraciones del auto para mejor proveer

Al revisar el expediente, el magistrado ponente advirtió que no se había cumplido con la notificación personal efectiva de la sociedad vinculada, a pesar de que el Tribunal Administrativo la había ordenado. La notificación se realizó únicamente mediante estado judicial, sin que la sociedad compareciera en el proceso. Para garantizar el derecho fundamental al debido proceso, en particular el derecho de defensa y contradicción, el Consejo de Estado ordenó la vinculación formal y la notificación personal de esta sociedad como tercero con interés en el proceso. Se le concede un término de tres días para que pueda pronunciarse, aportar pruebas o documentos que considere pertinentes.

Implicaciones jurídicas

Esta providencia resalta la importancia de la correcta vinculación y notificación de todas las partes interesadas en procesos judiciales, especialmente en aquellos que afectan derechos fundamentales y procedimientos administrativos complejos. El auto para mejor proveer busca asegurar la participación efectiva de todos los sujetos procesales para una decisión justa y completa. Por otra parte, el caso pone de manifiesto la aplicación y alcance del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y la normatividad relacionada sobre la inversión forzosa en proyectos ambientales, así como los medios de control judicial disponibles para su revisión.

Conclusión

El Consejo de Estado, mediante este auto para mejor proveer, reafirma la necesidad de respetar las garantías procesales y la participación de todos los interesados en procesos judiciales complejos. La decisión se encamina a garantizar el derecho de defensa en la acción de cumplimiento promovida contra la ANLA, en relación con la liquidación de una inversión ambiental obligatoria. Así, se fortalece la transparencia y la legalidad en la gestión de proyectos ambientales fundamentales para el país.