Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, emitió un auto el 3 de febrero de 2026, en primera instancia, mediante el cual inadmitió una solicitud ciudadana dirigida a la pérdida de investidura de un Representante a la Cámara elegido por Bogotá. La solicitud fue presentada por una ciudadana que alegó la existencia de un vínculo familiar entre el congresista y una concejal de la misma circunscripción, lo que, según su criterio, configuraría una causal de pérdida de investidura conforme al artículo 179 numeral 5 de la Constitución Política.

Antecedentes fácticos y procesales

La solicitante fundamentó su petición en la supuesta existencia de un parentesco de tercer grado entre el Representante a la Cámara y una concejal del mismo partido político en la misma circunscripción electoral. Argumentó que esto constituiría un impedimento para que ambos ejercieran autoridad política simultáneamente en la misma área, en virtud del numeral 5 del artículo 179 de la Constitución. La petición fue instaurada conforme al artículo 184 de la Constitución, que permite a cualquier ciudadano solicitar la pérdida de investidura de congresistas. No obstante, al revisar la solicitud, el Consejo de Estado identificó que la petición no cumplía con varios requisitos formales establecidos en la Ley 1881 de 2018 y la Ley 2213 de 2022, así como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Entre las deficiencias se encontraban la falta de acreditación de la calidad de ciudadano colombiano de la solicitante, la ausencia de la acreditación completa de la calidad del congresista expedida por la Organización Nacional Electoral, y la omisión de enviar por medios electrónicos copia de la demanda y sus anexos al demandado.

Consideraciones jurídicas y fundamento del auto

El Consejo de Estado recordó que, conforme al artículo 184 Constitucional, la solicitud de pérdida de investidura puede ser presentada por cualquier ciudadano, pero debe acreditarse dicha calidad para garantizar la legitimidad del proceso. Además, la Ley 1881 de 2018 exige que la solicitud contenga información clara sobre el solicitante, el congresista cuestionado, la causal invocada, y las pruebas que se pretendan aportar, todo dentro de un plazo de cinco años desde el hecho generador. Asimismo, el artículo 162 del CPACA y el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 establecen la obligación de enviar electrónicamente la demanda y anexos al demandado, requisito indispensable para la admisión del proceso. La falta de cumplimiento de estos requisitos formales afecta el debido proceso y la garantía de defensa. Por estas razones, el auto inadmitió la solicitud, otorgando un plazo de diez días a partir de la notificación para que la solicitante subsane las deficiencias señaladas, so pena de rechazo definitivo. La providencia fue notificada electrónicamente conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 2213 de 2022.

Implicaciones procesales

Esta providencia reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos formales en los procesos de pérdida de investidura, especialmente cuando la solicitud es presentada por ciudadanos. Además, pone de manifiesto el papel del Consejo de Estado como órgano encargado de garantizar la legalidad y el debido proceso en el ámbito contencioso administrativo, asegurando que solo se admitan aquellas demandas que cumplan con las condiciones establecidas en la ley para preservar la legitimidad y transparencia en la función pública. En conclusión, esta decisión subraya que el respeto a los requisitos formales no solo es una cuestión procedimental, sino una garantía esencial para la protección de los derechos de todas las partes involucradas y para el correcto funcionamiento de los mecanismos de control político en Colombia.