Providencia proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado

El pasado 26 de enero de 2026, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, emitió un auto interlocutorio dentro del proceso identificado con el número único de radicación 11001032400020130023300. La decisión se da en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por una empresa del sector farmacéutico contra una entidad de supervisión industrial y comercial.

Antecedentes fácticos y procesales

El litigio se origina a partir de actuaciones administrativas adelantadas por la entidad supervisora que fueron impugnadas por la parte demandante. Esta solicitó la nulidad de las decisiones administrativas y el restablecimiento de sus derechos, alegando presuntas irregularidades en el actuar de la autoridad de control. En el curso del proceso, se han recaudado todas las pruebas pertinentes para sustentar las pretensiones y defensas de las partes involucradas.

Consideraciones y sentido del auto interlocutorio

El Consejo de Estado, con base en el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), estableció que al encontrarse completado el acervo probatorio, corresponde dar traslado común a las partes y a los intervinientes para que presenten sus alegatos de conclusión. Este traslado tendrá una duración de diez (10) días calendario. Además, se informó al Agente del Ministerio Público que en el mismo plazo podrá presentar su concepto, en caso de considerarlo pertinente. Esta actuación es fundamental para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, asegurando que todas las partes puedan manifestarse antes de la eventual decisión final. Finalmente, el auto dispone que una vez cumplidos los términos para alegar y presentar conceptos, el expediente debe ser remitido al Despacho para que se profiera la decisión definitiva conforme a derecho.

Implicaciones procesales

Este auto interlocutorio es una etapa procesal clave que permite a las partes sintetizar sus argumentos finales y al Ministerio Público emitir su posición. La providencia refleja el cumplimiento estricto de los principios procesales que rigen la jurisdicción contencioso administrativa, en especial los relativos a la igualdad procesal y la garantía del derecho de contradicción. En resumen, la decisión del Consejo de Estado establece un procedimiento claro para avanzar hacia la resolución del conflicto administrativo planteado, asegurando que el proceso continúe con todas las garantías legales para los actores involucrados.Regístrate para ver el contenido completo