Providencia de segunda instancia en proceso de nulidad electoral

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en medida anticipada, negó el decreto de pruebas solicitadas por la parte demandante en la causa que busca la nulidad de la Resolución que nombró al actual director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.

Antecedentes y contexto procesal

La acción fue presentada por una fundación dedicada a la defensa del Estado de Derecho, sustentándose en que el acto administrativo objeto de la demanda adolece de desviación de poder, falsa motivación e infracción de normas superiores. Se argumentó que el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio fue modificado pocos días antes de la publicación de la hoja de vida del aspirante, reduciendo sustancialmente los requisitos académicos y de experiencia para el cargo, lo que habría facilitado la designación de una persona que bajo el régimen anterior no era elegible. Durante el trámite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 1º de octubre de 2025, fijó el litigio y decidió negar el decreto de varias pruebas solicitadas, entre ellas un oficio a la empresa proveedora de servicios de la red social “X” para obtener información sobre publicaciones del nombrado, así como testimonios relacionados con vínculos laborales anteriores y condiciones del manual de funciones previo y posterior a su modificación. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, que fue concedido en efecto devolutivo y remitido al Consejo de Estado para su resolución.

Consideraciones sobre la conducencia, pertinencia y necesidad de las pruebas

El Consejo de Estado reiteró que, conforme al principio de libertad probatoria previsto en el Código General del Proceso, las partes pueden solicitar cualquier medio de convicción permitido, siempre que cumpla con los requisitos de conducencia, pertinencia, necesidad y utilidad para demostrar los hechos controvertidos. Sin embargo, este principio no es absoluto y el juez debe garantizar que las pruebas solicitadas sean relevantes y necesarias para la resolución del caso. En relación con la prueba documental solicitada a la empresa proveedora de la red social, el Consejo explicó que la pretensión de que el juez asuma la carga de seleccionar y clasificar las publicaciones es incompatible con el principio de imparcialidad y con el sistema de justicia rogada que rige la acción electoral objetiva. Además, se consideró que los documentos y comunicaciones aportados por la parte demandante ya permiten acreditar los supuestos hechos relacionados con manifestaciones públicas del nombrado que podrían afectar el respeto debido a las confesiones religiosas reconocidas en Colombia. Por otra parte, respecto a los testimonios solicitados, el Tribunal de instancia y el Consejo concluyeron que los certificados laborales y las resoluciones administrativas aportadas cubren adecuadamente el objeto de esas pruebas, haciendo innecesarias las declaraciones de los testigos citados. Además, se indicó que hechos ajenos al litigio, como las circunstancias del retiro de un exfuncionario, carecen de pertinencia para el proceso.

Decisión final y efectos

En consecuencia, el Consejo de Estado confirmó el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó el decreto de la prueba documental dirigida a la empresa proveedora de la red social “X” y los testimonios solicitados por la parte demandante. Con esta decisión, se reitera la importancia de que las pruebas solicitadas en procesos administrativos y judiciales cumplan con los estándares procesales para garantizar un debido proceso adecuado y eficiente. Finalizada esta etapa, el expediente será devuelto al tribunal de origen para continuar con el trámite respectivo. La providencia fue proferida en cumplimiento de la normativa procesal vigente y en observancia de los principios de legalidad, transparencia y debido proceso, asegurando así la correcta administración de justicia en este caso.