Contexto y tribunal competente

La sentencia fue proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en segunda instancia, dentro del recurso de apelación interpuesto contra la decisión emanada por el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama. La providencia, fechada el 5 de febrero de 2026, resuelve un litigio laboral en el cual se discutía la correcta liquidación de la pensión de vejez otorgada por Colpensiones.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, tras haber cumplido los requisitos legales para la pensión de vejez bajo el régimen establecido en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, solicitó la reliquidación de su pensión argumentando que la tasa de reemplazo reconocida inicialmente por Colpensiones (76,71%) debía incrementarse al 80%, dado que acreditó un total de 2016 semanas cotizadas, superando ampliamente el mínimo exigido para acceder a la tasa máxima. El Juzgado Laboral del Circuito de Duitama admitió la demanda y, tras analizar los argumentos y pruebas aportadas, condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión con la tasa de reemplazo del 80%, ordenando además el pago del retroactivo correspondiente desde la fecha en que se cumplió el derecho a la pensión. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra esta decisión.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El Tribunal Superior, en ejercicio del grado jurisdiccional, revisó la legalidad y fundamento de la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación presentado. En primer lugar, se constató que el derecho pensional del demandante está debidamente causado, no existiendo controversia sobre la cantidad de semanas cotizadas (2016) ni sobre el ingreso base de liquidación (IBL) utilizado para determinar la mesada pensional. El eje central del debate fue la interpretación y aplicación del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, que regula el monto de la pensión de vejez y establece que la tasa de reemplazo inicial es del 65%, incrementándose en 1,5% por cada 50 semanas adicionales cotizadas, hasta un máximo del 80%. El Tribunal acogió la interpretación jurisprudencial reciente de la Corte Suprema de Justicia, que descarta la existencia de un tope en la suma porcentual por semanas adicionales distinto al 80% establecido legalmente. Así, no se acepta la limitación de incrementos a un 15% adicional, pues ello implicaría una doble restricción incompatible con la legislación y con el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Además, se señaló que los memorandos internos de Colpensiones no tienen carácter vinculante en sede judicial y no pueden ser utilizados para desvirtuar derechos legalmente reconocidos a los pensionados. Respecto al retroactivo, el Tribunal confirmó la procedencia del pago correspondiente al periodo subjetivo de prescripción trienal, tomando en cuenta las fechas de otorgamiento de la pensión y de la reclamación de la reliquidación. Por otra parte, se negó la aplicación de intereses moratorios, en línea con la jurisprudencia que distingue entre el derecho a la pensión y las sumas dejadas de pagar oportunamente, y se reconoció la procedencia de la indexación de las sumas adeudadas. Finalmente, en cuanto a las costas procesales de esta segunda instancia, no se impusieron a la parte demandante, dado que esta guardó silencio durante el trámite de apelación.

Implicaciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema

El Tribunal concluyó que el reconocimiento de la tasa máxima de reemplazo no afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues las cotizaciones y la liquidación se basan en los ingresos reportados y las semanas efectivamente cotizadas, manteniendo el equilibrio financiero establecido por la ley.

Conclusión de la sentencia

En consecuencia, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a Colpensiones la reliquidación de la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 80%, el pago del retroactivo correspondiente y la indexación de las sumas, sin condena en costas en esta instancia. La decisión representa un pronunciamiento relevante sobre la correcta aplicación de la normativa pensional y el reconocimiento de derechos adquiridos en materia de seguridad social, sentando un precedente importante para casos similares y fortaleciendo la protección de los derechos de los pensionados en Colombia.