Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en resolución emitida el 22 de enero de 2026, confirmó el fallo proferido el 6 de noviembre de 2025 por la Sección Cuarta del mismo Consejo, en segunda instancia, en el marco de un proceso de tutela. La acción de tutela fue presentada por una entidad prestadora de servicios de salud que alegó vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, por decisiones judiciales que rechazaron su demanda en un proceso contencioso administrativo.

Antecedentes fácticos y procesales

La entidad demandante promovió inicialmente un proceso ante la jurisdicción laboral contra una entidad departamental de salud para obtener el reconocimiento y pago de servicios no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), los cuales había asumido en cumplimiento de fallos de tutela y autorizaciones de Comités Técnico Científicos. Tras varias decisiones judiciales que declararon la incompetencia de la jurisdicción laboral y remitieron el proceso a la jurisdicción contencioso administrativa, el juzgado de primera instancia inadmitió la demanda por falta de claridad y precisión en las pretensiones, decisión que fue confirmada en apelación por el Tribunal Administrativo de Nariño. La entidad accionante sustentó su tutela en la presunta omisión de aplicación de reglas de transición establecidas en un precedente constitucional relevante, argumentando que dicha omisión constituyó un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, afectando sus derechos fundamentales.

Consideraciones jurídicas y fundamentos del fallo

La Sala Primera del Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales requiere el cumplimiento de requisitos generales y especiales de...