Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia. Este tribunal es competente para conocer y ordenar el cumplimiento de sentencias de tutela dentro de los procesos que él mismo tramita, así como para abrir y tramitar incidentes de desacato relacionados con dichas órdenes, conforme a lo establecido en los artículos 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la interpretación reiterada de la Corte Constitucional.

Antecedentes fácticos y procesales

El Banco de Bogotá S.A. instauró una acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, con el objetivo de proteger su derecho fundamental de petición. Esta acción fue motivada por la falta de respuesta de fondo a una solicitud presentada el 13 de agosto de 2025. Mediante sentencia del 16 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó el derecho de petición y ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional que resolviera de fondo la petición dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, notificando la respuesta al Banco de Bogotá a través de los canales indicados. Posteriormente, el Banco de Bogotá manifestó, mediante escrito dirigido a la Secretaría General en diciembre de 2025, que no se había dado cumplimiento a la orden judicial, por lo que solicitó la apertura de un incidente de desacato.

Consideraciones y decisión

Previo a la apertura del incidente, el despacho judicial requirió un informe a los máximos responsables del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para conocer el estado del cumplimiento. Ambos funcionarios guardaron silencio dentro del término procesal establecido. Ante la ausencia de evidencia de cumplimiento y del informe requerido, el Consejo de Estado concluyó que procedía abrir el incidente de desacato contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, quien está directamente llamada a cumplir la orden impartida en la sentencia de tutela. El auto interlocutorio ordena notificar personalmente a la Dirección Ejecutiva Seccional para que, en un término de dos días hábiles, informe sobre las acciones desarrolladas para cumplir la sentencia y aporte las pruebas que considere pertinentes. El expediente permanecerá en la Secretaría General hasta que se cumplan las actuaciones ordenadas.

Implicaciones jurídicas

Este procedimiento refleja la vigilancia judicial sobre el cumplimiento efectivo de las sentencias de tutela, instrumento fundamental para la protección de derechos fundamentales en Colombia. La apertura de incidentes de desacato busca garantizar la efectividad de las órdenes judiciales y sancionar posibles incumplimientos que afecten la tutela de derechos. La competencia para conocer estos incidentes recae en el juez o tribunal de primera instancia que dictó la sentencia de tutela, siguiendo los principios constitucionales que buscan asegurar la eficacia de la justicia y el respeto por las decisiones judiciales. Esta providencia destaca la importancia del cumplimiento oportuno y efectivo de las órdenes judiciales en materia de derechos fundamentales, así como el papel activo del Consejo de Estado en la supervisión y control de las entidades públicas en este ámbito. Con esta medida, se reafirma el compromiso del sistema judicial colombiano con la garantía de los derechos fundamentales y la transparencia en la administración pública.