Providencia judicial y contexto procesal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en calidad de segunda instancia, emitió una sentencia en materia de acción de tutela contra providencia judicial. La decisión se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, del 13 de mayo de 2025, dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a un docente vinculado al departamento de Antioquia. El caso se originó con la solicitud presentada el 8 de noviembre de 2019 para el reconocimiento y pago de cesantías parciales. La entidad territorial reconoció dicha solicitud mediante resolución del 18 de diciembre de 2019 y efectuó el pago el 13 de marzo de 2020. Posteriormente, el docente solicitó el pago de la sanción moratoria por el retraso en el pago, petición que no fue resuelta, configurándose un acto presunto negativo. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Turbo declaró la nulidad del acto presunto negativo y condenó al pago de la sanción moratoria tanto al ente territorial como al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). No obstante, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó esta decisión y negó las pretensiones de la demanda, postura que fue impugnada mediante la acción de tutela.

Consideraciones principales del Consejo de Estado

El Consejo de Estado analizó la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, reconociendo que excepcionalmente puede ser procedente cuando se advierte la vulneración manifiesta de derechos constitucionales fundamentales, en este caso, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva. El eje central del amparo fue la alegación de defecto fáctico derivado de la omisión en la valoración de una constancia de radicación de la solicitud de pago parcial de cesantías fechada el 8 de noviembre de 2019. La providencia judicial impugnada desestimó esta prueba, privilegiando la fecha consignada en el acto administrativo de reconocimiento, que indicaba el 27 de noviembre de 2019 como fecha de radicación. La Sala destacó que la constancia de radicación aportada por el docente es una prueba idónea, objetiva y oficial que no fue desvirtuada ni tachada de falsa por las partes. Asimismo, recordó que la presunción de legalidad del acto administrativo no puede extenderse a hechos distintos al contenido decisorio del mismo, como la fecha de radicación de la solicitud. Además, el Consejo de Estado señaló que la autoridad judicial incumplió el principio pro homine, que implica favorecer la interpretación más garantista de los derechos fundamentales, y que la carga probatoria para demostrar la fecha correcta de radicación correspondía a la administración pública, que no acreditó requerimientos o subsanaciones posteriores a la fecha inicial de la solicitud. Como consecuencia, la Sala concluyó que existió un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, lo que vulneró el derecho fundamental al debido proceso del docente. En consecuencia, amparó la tutela, dejó sin efecto la sentencia impugnada y ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia dictar una nueva decisión que contemple integralmente todas las pruebas, especialmente la constancia de radicación presentada.

Conclusiones procesales y recomendaciones

El Consejo de Estado negó las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Educación Nacional y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vinculados como terceros con interés. Asimismo, estableció la importancia de respetar el debido proceso en la valoración probatoria, especialmente en casos que afectan derechos fundamentales. Finalmente, se ordenó la notificación y publicación de la providencia para garantizar la transparencia y el acceso a la información judicial relevante para el público y los operadores jurídicos interesados. Esta decisión reafirma el compromiso del Consejo de Estado con la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de justicia en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el sector educativo.