Providencia y contexto procesal

La providencia en cuestión es una sentencia de primera instancia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Cuarta, con ponencia de una consejera, fechada el 22 de enero de 2026. La acción de tutela fue interpuesta contra la sentencia del 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con ajustes salariales en el escalafón docente.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se origina en la solicitud de una docente oficial, vinculada en la categoría 2A del escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, quien reclamó el reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de incrementos desiguales decretados en los años 2008, 2009 y 2011. Según la demandante, dichos incrementos favorecieron a docentes en la categoría 3AM en detrimento de su categoría, vulnerando principios constitucionales como la igualdad, mérito y debido proceso. El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Quindío negaron estas pretensiones mediante actos administrativos. Posteriormente, el Juzgado Primero Administrativo de Armenia negó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión confirmada en apelación por el Tribunal Administrativo del Quindío. Este último tribunal argumentó que los incrementos salariales se fijaron conforme a la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, basados en criterios objetivos como formación y méritos, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo.

Consideraciones de la Sala del Consejo de Estado

El Consejo de Estado analizó la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, recordando que debe cumplirse el requisito de relevancia constitucional para proteger la autonomía judicial y evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia. Para ello, se deben evidenciar violaciones manifiestas de derechos fundamentales que no hayan sido resueltas en el proceso ordinario. En el caso concreto, la Sala concluyó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional porque la demandante insiste en los mismos argumentos expuestos y resueltos en el proceso ordinario. La sentencia cuestionada analizó detalladamente el régimen salarial, los decretos aplicables y demostró que los incrementos concedidos en 2011 para las categorías 2A y 3AM fueron equivalentes en términos porcentuales, corrigiendo interpretaciones erróneas basadas en decretos modificatorios con efectos retroactivos. La Sala destacó que el principio constitucional de mantener el poder adquisitivo salarial, conforme al artículo 53 de la Constitución, fue respetado, y que no se acreditó trato discriminatorio ni arbitrariedad en los incrementos salariales. Además, se señaló que la demandante pretendía utilizar la tutela para reabrir un debate ya concluido en las vías ordinarias, lo cual no es procedente.

Conclusión de la decisión

Por estas razones, el Consejo de Estado negó la acción de tutela interpuesta contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío y confirmó la improcedencia de la reclamación por reajuste salarial. Se ordenó notificar a las partes y publicar la providencia en la página web oficial para garantizar transparencia. Esta decisión reafirma la importancia de respetar las instancias ordinarias y la autonomía judicial, así como la necesidad de fundamentar las acciones constitucionales en violaciones reales y relevantes de derechos fundamentales. Además, subraya que las modificaciones salariales en el escalafón docente deben basarse en criterios objetivos y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, conforme al marco legal vigente.