Providencia judicial en contexto

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió una acción de tutela presentada por una empleada de la Rama Judicial que solicitó traslado laboral desde un municipio hacia la capital del departamento, con el fin de reunirse con su núcleo familiar. La solicitud fue negada inicialmente por el Consejo Seccional de la Judicatura y posteriormente confirmada por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. La demandante alegó vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, unidad familiar, trabajo digno, y protección reforzada de los derechos de los niños.

Antecedentes fácticos y procesales

La servidora judicial ocupa un cargo en propiedad como escribiente en un municipio distinto al de su residencia familiar. Su cónyuge, también empleado judicial, fue nombrado en propiedad en un tercer municipio, lo que ha obligado a que sus hijos menores queden al cuidado de terceros ajenos a la familia. La afectación a la unidad familiar y dificultades para cumplir con el rol parental motivaron la solicitud de traslado al Juzgado Primero Civil Municipal de la capital departamental, petición que fue negada por no cumplir con el requisito de permanencia mínima de tres años en el cargo, conforme al artículo 134 de la Ley 270 de 1996 modificado por la Ley 2430 de 2024, y porque la causal invocada de unificación familiar no está contemplada expresamente en la normativa vigente. Tras el rechazo de los recursos de reposición y apelación, la afectada interpuso acción de tutela contra las autoridades judiciales responsables de emitir los conceptos administrativos...