Providencia y contexto procesal

La Sala Primera de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia, resolvió la acción de tutela promovida contra el Tribunal Administrativo de Santander, a quien se le atribuyó una presunta mora judicial en un proceso iniciado en 2018 para obtener la reliquidación de una pensión de vejez. La tutela fue admitida y tramitada conforme a los procedimientos legales aplicables, vinculando a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) como tercero interesado.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso principal se instauró en febrero de 2018 mediante demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP. En agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la solicitud de llamamiento en garantía a la Fiscalía General de la Nación. Este auto fue apelado y elevado al Consejo de Estado, que confirmó la decisión en mayo de 2024. Posteriormente, el Tribunal cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado en julio de 2024. En diciembre de 2025, el tribunal continuó con las actuaciones procesales, fijando plazos para excepciones conforme a la legislación vigente. La parte actora alegó que, tras más de siete años sin sentencia, se configuraba una mora judicial injustificada que vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en un plazo razonable. Citó sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que definen la mora judicial y establecen el deber de diligencia de los jueces.

Consideraciones jurídicas y...