Competencia y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, conoció en primera instancia el auto mediante el cual se admite la solicitud de pérdida de investidura contra una congresista. Conforme al numeral 5 del artículo 237 de la Constitución Política y la Ley 1881 de 2018, esta corporación es competente para conocer los procesos de pérdida de investidura de congresistas, a petición de cualquier ciudadano o de la Mesa Directiva respectiva.

Antecedentes fácticos y procesales

Un ciudadano presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de pérdida de investidura contra una representante a la Cámara electa para el periodo constitucional 2022-2026 por la circunscripción electoral de Bogotá. La petición se fundamenta en la presunta infracción del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe ser elegido para más de una corporación o cargo público cuyos períodos coincidan, incluso parcialmente. El solicitante argumenta que la congresista fue elegida el 13 de marzo de 2022 y que, pese a ello, no renunció oportunamente a su cargo como concejal de Bogotá, para el cual aún le restaba un periodo significativo. La solicitud fue radicada el 3 de febrero de 2026 y asignada a la Sala Especial de Decisión para su trámite.

Consideraciones de la providencia

El magistrado ponente verificó que la solicitud cumple con los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 1881 de 2018. Entre estos requisitos se encuentran:

• Identificación clara del solicitante, incluyendo domicilio y datos personales.
• Individualización del congresista demandado con acreditación expedida por la autoridad electoral.
• Invocación explícita de la causal de pérdida de investidura, en este caso, la inhabilidad prevista en la Constitución.
• Presentación dentro del término legal de cinco años contados desde el hecho generador.

Dado que la solicitud reúne las condiciones establecidas, el auto declara su admisión y ordena notificar personalmente a la congresista para que, en un plazo de cinco días, pueda presentar sus descargos y aportar pruebas que considere pertinentes. También se ordena notificar al Ministerio Público para que intervenga en el proceso. Finalmente, una vez surtidas las notificaciones y vencido el término para la contestación, la Secretaría General deberá remitir el expediente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

Implicaciones del trámite

Esta admisión no implica un juicio de fondo sobre la causal de pérdida de investidura, sino la apertura formal del proceso para que se analicen con rigor las pruebas y argumentos de las partes. El trámite se desarrolla bajo el principio de doble instancia, previsto en la Ley 1881 de 2018, y garantiza el derecho de defensa del congresista involucrado. El procedimiento busca asegurar el respeto a las normas constitucionales sobre inhabilidades y mantener la transparencia y legitimidad en el ejercicio de los cargos públicos. La decisión refleja la función de control que ejerce el Consejo de Estado sobre la conducta y requisitos legales que deben cumplir los congresistas durante su mandato, reafirmando así el compromiso institucional con la ética pública y la confianza ciudadana.