Contexto y antecedentes del caso
La Universidad del Quindío y el departamento del Quindío presentaron una acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, tras la emisión de un auto el 20 de mayo de 2025 que negó la reposición de una decisión previa del 23 de septiembre de 2024. En dicho auto, se rechazó la solicitud de la universidad para ampliar hasta 2035 el cronograma para la realización de concursos públicos de méritos y ascenso para la planta administrativa, en el marco del incidente de desacato relacionado con el incumplimiento de órdenes judiciales anteriores.
El proceso se originó en una acción de cumplimiento promovida por el presidente del sindicato de trabajadores administrativos de la universidad, que buscaba que se implementara el sistema de carrera administrativa para el personal de la institución. En 2013, el Tribunal Administrativo del Quindío ordenó a la universidad expedir el estatuto administrativo correspondiente y diseñar un plan con cronograma para la implementación.
A pesar de las sentencias y acuerdos adoptados por la universidad, el sindicato solicitó abrir un incidente de desacato por presunto incumplimiento. El juzgado accionado inicialmente decidió abstenerse de iniciar el trámite, reconociendo avances, pero exigió que para el periodo 2023-2028 se completaran los nombramientos en propiedad de 259 cargos vacantes. Posteriormente, la universidad solicitó ampliar ese plazo hasta 2035 por limitaciones técnicas y financieras.
Consideraciones jurídicas de la providencia
La Sala Quinta del Consejo de Estado, en su competencia para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela del Tribunal Administrativo del Quindío, analizó varios aspectos clave:
- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: Confirmó que la tutela es procedente excepcionalmente contra autos que resuelven incidentes de desacato, siempre que se alegue la vulneración de derechos fundamentales y se cumplan requisitos de relevancia constitucional, inmediatez y agotamiento de recursos.
- Defectos invocados: Se estudiaron los defectos fácticos por omisión en la valoración de pruebas, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.
- Análisis del caso concreto: La Sala encontró que el juzgado accionado no valoró ni razonó en forma adecuada la propuesta técnica, jurídica y financiera aportada por la universidad para justificar la ampliación del cronograma. La decisión cuestionada se limitó a señalar que el plazo hasta 2028 era suficiente, sin explicar por qué rechazaba los argumentos de la entidad, configurando así un defecto fáctico y una falta de motivación.
Además, se recordó que la acción de tutela no puede alterar la cosa juzgada ni el ámbito natural del juez ordinario, pero sí puede proteger derechos fundamentales cuando hay irregularidades en la motivación y valoración probatoria.
Decisión y efectos
El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío de 29 de octubre de 2025 que amparó el derecho al debido proceso de la Universidad del Quindío y el departamento del Quindío. Se ordenó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia emitir un nuevo pronunciamiento, en un término de diez días, en el que exponga de manera fundada las razones para aceptar o rechazar la propuesta presentada por la universidad.
Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Conclusión
Esta decisión reafirma la importancia de que las autoridades judiciales fundamenten adecuadamente sus autos y valoren integralmente las pruebas aportadas, especialmente cuando se trata de proteger derechos fundamentales como el debido proceso, la educación y la autonomía universitaria. La providencia también aclara los límites y condiciones para el ejercicio de la acción de tutela contra decisiones en incidentes de desacato, resaltando su carácter excepcional y la protección efectiva de garantías constitucionales.
