Entidad emisora, fecha y contexto normativo
La
Auditoría General de la República es la entidad responsable de emitir la Resolución Orgánica 002 de 2026, publicada en el Diario Oficial No. 53.394 el 10 de febrero de 2026. Esta resolución se fundamenta en las facultades constitucionales establecidas en el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, y en los artículos pertinentes del Decreto Ley 272 de 2000 y sus modificaciones posteriores, entre otros reglamentos relacionados con la vigilancia fiscal.
Objeto y destinatarios de la resolución
El objetivo principal de esta resolución es actualizar la relación de sujetos sometidos a vigilancia y control fiscal por parte de la Auditoría General de la República, además de asignar y redistribuir competencias internas entre sus órganos de dirección y gerencias seccionales. Los destinatarios directos son las contralorías generales, departamentales, distritales, municipales, los fondos de bienestar social adscritos a estas, y la Comisión Especial de Carrera (CECACT), órgano encargado de la carrera especial de los servidores de las contralorías territoriales.
Principales decisiones y distribución de competencias
La resolución incluye como nuevos sujetos de vigilancia fiscal a la
Contraloría Municipal de Jamundí (Valle del Cauca), entidad recientemente creada con autonomía administrativa, presupuestal y contractual, y a la
Comisión Especial de Carrera (CECACT), responsable de la administración y vigilancia del régimen especial de carrera de los servidores de contralorías territoriales.
Se establece que la
Dirección de Control Fiscal de la Auditoría General es responsable de ejercer vigilancia y control sobre cuatro sujetos específicos:
- Contraloría General de la República
- Contraloría Distrital de Bogotá, D.C.
- Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General
- Comisión Especial de Carrera (CECACT)
Por su parte, las
gerencias seccionales asumen competencias desconcentradas en función de su jurisdicción territorial, dirigiendo y ejecutando auditorías y evaluaciones de control fiscal interno sobre un total de 94 sujetos de vigilancia, distribuidos en diez gerencias seccionales con sedes en diversas ciudades. Cada gerencia está asignada a supervisar contralorías departamentales, distritales, municipales, y sus respectivos fondos de bienestar social, según la siguiente estructura:
| Gerencia Seccional |
Sede |
Principales sujetos de vigilancia |
| I |
Medellín |
Contraloría Antioquia, Distrital Medellín, y contralorías municipales de Bello, Envigado, Itagüí, Rionegro, Sabaneta |
| II |
Bogotá, D.C. |
Contralorías Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, San Andrés; municipales Soacha, Tunja; fondos Amazonas, Boyacá, Tunja |
| III |
Cali |
Contralorías Cauca, Nariño, Valle; Distrital Buenaventura; municipales Cali, Jamundí, Palmira, entre otras; fondos Palmira, Cauca |
Esta redistribución unifica y actualiza las competencias internas, con un parágrafo transitorio que establece que auditorías en curso serán finalizadas por la gerencia seccional correspondiente.
Base legal y modificaciones previas
La resolución se apoya en la Constitución Política (artículo 274), en el Decreto Ley 272 de 2000 y sus modificaciones por el Decreto Ley 403 de 2020, además de sentencias constitucionales relevantes que ampliaron facultades de vigilancia fiscal. Asimismo, reemplaza y deroga expresamente las Resoluciones Orgánicas 001 de 2020 y 008 de 2021, consolidando en un solo acto administrativo las actualizaciones necesarias.
Plazos y comunicaciones
Se establece que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal deberá comunicar la resolución a los sujetos involucrados dentro de los cinco días siguientes a su publicación oficial, garantizando así la difusión oportuna de los cambios.
Impacto potencial
Esta resolución fortalece la organización de la Auditoría General de la República, clarificando las responsabilidades y sujetos bajo su vigilancia, incluyendo entidades recientes como la Contraloría Municipal de Jamundí y la Comisión Especial de Carrera. La actualización y redistribución de competencias contribuyen a una supervisión fiscal más eficiente, territorialmente adecuada y acorde con la evolución institucional, lo que puede redundar en una mayor transparencia y control en la gestión pública fiscal a nivel nacional y territorial.
Con esta actualización, la Auditoría General de la República reafirma su compromiso con la vigilancia efectiva y la adecuada administración de los recursos públicos, adaptándose a las nuevas realidades institucionales y territoriales para fortalecer el control fiscal en Colombia.
