Entidad emisora, número y fecha

La resolución que aquí se analiza es la número 0079, emitida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 23 de enero de 2026, y publicada en el Diario Oficial No. 53.394 el 10 de febrero de 2026. Este acto administrativo complementa y actualiza disposiciones anteriores, particularmente la Resolución número 1898 de 2025, en materia de certificación del precio de venta al público de ciertos productos alcohólicos.

Tema principal y destinatarios

El tema principal de esta resolución es la certificación del precio de venta al público (PVP) para los licores, vinos, aperitivos y similares que no fueron incluidos en la certificación anual del año 2025. Esta certificación es fundamental para determinar la base gravable del impuesto al consumo que grava estos productos. El destinatario directo de esta regulación es el sector comercializador y productor de estos bienes, así como las autoridades tributarias encargadas de la fiscalización del impuesto al consumo. Asimismo, la norma es relevante para consumidores y entidades públicas en general, por su impacto en la tributación y control del mercado de bebidas alcohólicas.

Objetivo y finalidad de la resolución

El objetivo de la Resolución 0079 de 2026 es establecer, mediante la aplicación de una técnica de imputación, la certificación actualizada del PVP para productos no incluidos en la certificación anterior. Esta actualización permite reflejar con mayor precisión el valor real de mercado de estos productos, asegurar el cumplimiento normativo y facilitar la correcta liquidación del impuesto al consumo conforme a la Ley 1816 de 2016.

Decisiones y regulaciones principales

La resolución establece que la certificación del PVP para los productos mencionados será actualizada una sola vez, conforme a la metodología adoptada en la Resolución 951 de 2019. Además, modifica la certificación para ciertos productos que previamente fueron valorados mediante imputación y publicados en resoluciones anteriores (1899 de 2025 y 0027 de 2025). La norma aclara que dicha certificación es de carácter general y se realiza en estricto cumplimiento del artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 y los decretos reglamentarios 1625 de 2016 y 952 de 2019, que regulan la base gravable del impuesto al consumo.

Base legal y normativa vinculante

Esta resolución se fundamenta en diversas disposiciones legales y reglamentarias, entre las que destacan: el artículo 208 de la Constitución Política, que atribuye a los departamentos administrativos la formulación y ejecución de políticas; la Ley 489 de 1998 sobre organización administrativa; la Ley 1816 de 2016 que regula el monopolio rentístico de licores y el impuesto al consumo; y los decretos 262 de 2004, 111 de 2022, 1625 de 2016 y 952 de 2019, que desarrollan aspectos técnicos y metodológicos para la certificación del precio de venta al público. Asimismo, se consideran resoluciones previas del DANE que establecen la metodología para la elaboración y actualización de estos precios.

Modificaciones y vigencia

La Resolución 0079 de 2026 modifica la certificación de precios publicada en la Resolución 1898 de 2025 y otras posteriores, ajustando la valoración de ciertos productos con base en evidencia y técnicas de imputación. La norma entra en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Impacto potencial

Esta certificación actualizada impacta directamente en la correcta liquidación del impuesto al consumo que grava licores, vinos y aperitivos, lo que influye en la recaudación tributaria y en la regulación del mercado de estos productos. Al garantizar una metodología clara y actualizada, se promueve la transparencia y seguridad jurídica para productores, importadores, comercializadores y autoridades tributarias, contribuyendo a un marco normativo más sólido y confiable. En conclusión, la Resolución 0079 de 2026 del DANE representa un avance significativo en la regulación del mercado de bebidas alcohólicas, al actualizar los precios certificados de manera técnica y transparente. Esto favorece tanto a los actores del mercado como al Estado, al facilitar un control efectivo y una recaudación adecuada del impuesto al consumo, en beneficio de la economía y la legalidad en el sector.