Contexto y antecedentes del caso

El litigio se originó por una demanda ejecutiva laboral presentada en 2017 contra una entidad estatal de salud, en la cual un médico general reclamaba el pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas, certificadas por el tesorero de la entidad. El monto reclamado ascendía a más de cien millones de pesos, incluyendo salarios, primas, vacaciones y otros conceptos laborales. Durante el proceso, el juzgado libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares, entre ellas embargos, y ordenó continuar con la ejecución del crédito. Sin embargo, tras varios años de trámite, el demandante solicitó la pérdida de competencia del juzgado por inactividad procesal, argumentando dilaciones injustificadas por más de seis meses sin actuaciones significativas, invocando el artículo 121 del Código General del Proceso, que prevé la pérdida de competencia judicial ante la demora en resolver un proceso. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Majagual negó esta solicitud mediante auto del 29 de enero de 2025, sustentando su decisión en que el proceso no se encontraba paralizado y que se habían cumplido con las etapas procesales pertinentes, además de citar jurisprudencia que establece requisitos específicos para la procedencia de la pérdida de competencia por demora.

Análisis jurídico y fundamentación de la providencia

El Tribunal Superior, en su auto, analizó la procedencia de la apelación interpuesta contra la decisión del juez de primera instancia. Se recordó que el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece taxativamente qué autos son apelables en primera instancia, enumerando varias categorías, pero no incluye la negación de pérdida de competencia basada...