Bogotá, 12 de febrero de 2026. La Sección Segunda del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el salario mínimo legal mensual para 2026 en $1.750.905, equivalente a un incremento del 23% frente al año anterior.

La decisión se adoptó al resolver múltiples solicitudes de medidas cautelares dentro de un proceso de nulidad promovido por ciudadanos y organizaciones gremiales contra el acto administrativo que estableció el aumento.

¿Qué decidió el alto tribunal?

El tribunal no solo suspendió temporalmente los efectos del decreto, sino que ordenó a las entidades demandadas —la Nación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República— expedir una nueva decisión administrativa transitoria que fije el salario mínimo mientras se profiere sentencia definitiva.

La providencia examina si el incremento del 23% respetó los parámetros del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que exige tener en cuenta factores como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

El debate jurídico

El Gobierno justificó el aumento con base en una ponderación integral de variables económicas y en el concepto de “salario vital”, apoyado en estudios técnicos internacionales. Según el decreto suspendido, el ajuste buscaba cerrar progresivamente la brecha entre el salario mínimo y el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio.

Los demandantes argumentaron que el Ejecutivo desbordó los criterios legales al dar un peso determinante al concepto de salario vital, el cual...