Entidades emisoras y contexto normativo

La Resolución 000116 de 2026 fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 27 de enero de 2026, y publicada en el Diario Oficial No. 53.396 el 12 de febrero de 2026. Esta normativa modifica disposiciones previas establecidas en la Resolución 315 de 2020, en particular el artículo 4° y los anexos técnicos relacionados con sustancias sometidas a fiscalización.

Tema principal y destinatarios

La resolución actualiza los listados nacionales de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, precursores, sustancias clasificadas como monopolio del Estado y medicamentos de control especial de uso humano y veterinario. Se dirige principalmente a personas naturales o jurídicas que importan, exportan, fabrican, distribuyen, comercializan o usan estas sustancias, así como a las autoridades encargadas de su vigilancia y control. Este público es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa y la prevención de riesgos asociados al consumo y tráfico ilícito de estas sustancias.

Objetivo y finalidad de la resolución

El principal objetivo de esta resolución es actualizar y unificar en un solo acto administrativo los listados de sustancias sometidas a control especial, adaptándose a las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en virtud de convenios de Naciones Unidas. Además, responde a la evidencia nacional sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, cuyo potencial riesgo para la salud pública requiere una regulación oportuna y efectiva.

Decisiones y regulaciones clave

Entre las disposiciones más relevantes, destaca la modificación del artículo 4° de la Resolución 315 de 2020 para ampliar la fiscalización a medicamentos que contengan dos o más principios activos listados, así como a todas las formas farmacéuticas, concentraciones y presentaciones autorizadas por las autoridades sanitarias nacionales. Además, se actualizan los anexos técnicos que contienen los listados específicos de sustancias sometidas a fiscalización, incluyendo la incorporación por primera vez de sustancias como el bencilfentanilo y el anhídrido propiónico, utilizadas en la fabricación ilícita de drogas. Para facilitar la adaptación a estas nuevas regulaciones, se establecen disposiciones transitorias que otorgan plazos de entre uno y seis meses para que los responsables soliciten la inscripción o ampliación ante la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) o Fondos Rotatorios de Estupefacientes. Durante este periodo, las actividades relacionadas con estas sustancias podrán continuar mientras se resuelven las solicitudes.

Base legal y marco normativo

La resolución se fundamenta en diversas normas nacionales, entre ellas los artículos 461 y 462 de la Ley 9ª de 1979, la Ley 30 de 1986, la Ley 715 de 2001, y decretos como el 1069 de 2015 y el 205 de 2003. También obedece al cumplimiento de tratados internacionales suscritos por Colombia, como la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Modificación de normativas previas y vigencia

Esta resolución modifica expresamente el artículo 4° y los anexos técnicos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 315 de 2020, integrando nuevos listados y adecuando las disposiciones para el control y fiscalización. El acto administrativo entra en vigencia desde su fecha de expedición, lo que implica la inmediata aplicación de las normas actualizadas.

Impacto potencial

La actualización de estos listados y el fortalecimiento del control sobre sustancias de alto riesgo y medicamentos de control especial tienen un impacto directo en la regulación del mercado farmacéutico y en la prevención de riesgos asociados al uso indebido de drogas y precursores. También refuerza el compromiso del Estado colombiano con sus obligaciones internacionales en materia de control de sustancias psicoactivas y contribuye a la salud pública y la seguridad ciudadana. En conclusión, la Resolución 000116 de 2026 representa un avance significativo en la política nacional de control de sustancias psicoactivas, alineando la regulación colombiana con los estándares internacionales y respondiendo eficazmente a los desafíos emergentes en materia de salud pública y seguridad. Se espera que su implementación contribuya a mejorar la vigilancia, el cumplimiento normativo y la protección de la población frente a los riesgos derivados del uso y tráfico ilícito de estas sustancias.